La Comunidad de Madrid elimina el Consejo Consultivo y se ahorra 3 millones de euros

La Comunidad de Madrid elimina el Consejo Consultivo y se ahorra 3 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley para suprimir el Consejo Consultivo, un organismo autonómico de carácter asesor semejante al Consejo de Estado en el que se integran los expresidentes autonómicos si así lo desean.

Según ha indicado Cifuentes tras la reunión del Consejo de Gobierno, la eliminación no va a suponer "mermas" de los derechos de los madrileños ni en "imparcialidad" porque su función será asumida por otros organismos independientes integrados en las estructura administrativa autonómica, y supondrá un ahorro de 2,3 millones de euros.

El proyecto de ley se tramitará por la vía de lectura única en la Asamblea de Madrid, donde el PP deberá contar con el apoyo de otros grupos para sacar adelante la reforma legal. En una comparecencia junto al consejero de Presidencia y portavoz, Ángel Garrido, Cifuentes ha explicado que las actuales funciones del Consultivo van a ser desarrolladas por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid a través de la creación de una Comisión Asesora Jurídica.

Esta comisión tendrá una organización y funcionamiento que asegurará su independencia, ha argumentado Cifuentes, que ha añadido que las reclamaciones de acceso a la información se asignará al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En cuando al personal funcionario que hoy compone el Consultivo, los letrados serán adscritos a la Abogacía General; los que provengan de otras administraciones podrán regresar a las mismas, y el resto quedará adscrito provisionalmente a la Consejería de Presidencia.

Cifuentes ha indicado que la alternativa, que era derivar todos los asuntos al Consejo de Estado, no se ha realizado para no sobrecargar a este órgano estatal y evitar así la demora de la tramitación de las iniciativas legislativas. La presidenta madrileña ha indicado que el proyecto de ley cuenta con los informes preceptivos y el dictamen favorable de la Abogacía General, por lo que ahora se remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria por la vía de la lectura única.

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