Las autoridades están investigando a dos empresarios valencianos y uno manchego que podrían haber contratado a unos sicarios para originar el incendio a cambio de 5.000 euros.
Cuatro días antes del incendio, el Ministerio de Agricultura, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Castilla-La Mancha habían alcanzado un principio de acuerdo para desmantelar el cementerio.
