Se calcula que podrían haber sido unos 300.000 los bebés robados en España. Hasta la fecha se han presentado 1.500 denuncias y tan solo una persona imputada por esta supuesta red de adopciones irregulares, la religiosa María Gómez Valbuena, que ejercía de asistente social en la clínica Santa Cristina y cuyo nombre y firma aparece en numerosos expedientes. Según los médicos y demás personal que ha declarado en el proceso, sor María fue la única responsable, sin que ninguno de ellos tuviera constancia de los hechos, pero las asociaciones de afectados no creen que eso fuera así y han decidido llevar el caso hasta la Organización de Naciones Unidas. Por su parte el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la creación de una base de datos de ADN para facilitar la localización de niños robados.
