La lucha contra la corrupción, y por ende el despilfarro, es la segunda preocupación de los españoles según el barómetro del CIS. Ciudadano Cake entrevista a especialistas que nos explican cómo ha sido posible durante años expoliar y dilapidar a manos llenas el dinero publico de todos los ciudadanos.
Un caso que ha adquirido categoría de sangrante con los últimos descubrimientos de los gastos de las tarjetas opacas de los consejeros de Caja Madrid y Bankia.
Ciudadano Cake recorre la comunidad visitando algunos pueblos madrileños donde el despilfarro ha adquirido categoría de monumental.
Acudimos a Navalcarnero, donde entre incontables rotondas, monolitos y esculturas de dudoso gusto artístico pagadas a precio de oro entrevistamos al alcalde para que nos cuente cómo es posible que el ayuntamiento ingresara 400 millones de euros por la venta de terrenos municipales y actualmente tenga que soportar un déficit de más de 200 millones… ¿Cómo se puede dilapidar más de 600 millones en una localidad de tan solo 25.000 habitantes?
Y mientras el alcalde justifica todo el gasto los vecinos se quejan de que les faltan autobuses y transportes públicos para acceder al hospital y servicios sanitarios del pueblo.
Visitamos Parla, al sur de la comunidad, una ciudad de 125.000 habitantes con un flamante tranvía que ha costado más 360 millones de euros y que ha dejado una deuda de casi 3000 euros por habitante. Uno de cada tres euros de los presupuestos va destinado a pagar el tranvía ¿Necesitaba Parla, un tranvía? ¿Lo necesitaba pagando 300 millones más de sobrecoste? ¿Qué tiene que decir el PSOE?
Necesitaba Alcorcón demoler una biblioteca, arrasar un parque y talar cientos de árboles para empezar una obra de 120 millones para construir una Ciudad de las Artes y un circo que no se ha podido finalizar y todavía está a medias por falta de financiación.
Acudimos a San Fernando de Henares donde hace 6 años Izquierda Unida y su alcalde Julio Setien expropiaron sus casas y negocios a más de 200 familias para reformar la plaza del ayuntamiento a condición de devolverles una casa reformada y reubicarles gratis mientras duraba la reforma. ¿Quién podía negarse si estaba la palabra del alcalde detrás y los documentos se firmaban en el mismo Ayuntamiento? Hoy 6 años después no tienen casa no les pagan el alquiler de su reubicación y está a punto de ser desahuciados.
