Sara Medialdea (ABC) y Cristina Gil (Europa Press) nos cuentan las claves de la actualidad

Sara Medialdea alerta del peligro de un empate no previsto en las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid. Es una posibilidad real que está ahí y no existe una fórmula que lo pueda resolver. Al aumentar la población, la cámara madrileña va a tener 132 escaños. Es una cifra par y las encuestas apuntan que el resultado va a estar muy igualado, de modo que es muy probable el empate. Según el reglamento, a la tercera votación en la que se dé empate, la moción decae. La duda es qué pasaría si ocurriera en la votación de investidura. Podría llevar a obligar a repetir las elecciones. Alguien debería pensar en una solución jurídica para solucionarlo porque es un escenario que no podemos perder de vista.

Cristina Gil alude a las conclusiones de la Comisión de Deuda de la Asamblea de Madrid, en la que se han estudiado las irregularidades del Campus de la Justicia. Ha quedado demostrado que no hubo informe técnico que lo avalara y que se dilapidaron millones de euros en elementos como maquetas del proyecto, vídeos de presentación o una piedra. La semana pasada se conoció un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid donde se admitía el perjuicio al patrimonio público de esta proyecto y, por ello, se instaba a la Consejería de Presidencia a denunciar. Lo hizo y ahora está a la espera de los pasos de los tribunales para marcar también su actuación.

Por último, Sara Medialdea ha explicado la información que publica el ABC sobre la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Según el diario, habría ocultado durante tres años una sociedad patrimonial, de la que era administradora, con dos millones de euros en inmuebles. A través de esa sociedad compró la parcela donde ha construido la vivienda y dos inmuebles más en Madrid. Villacís ha dicho a ABC que no ha firmado nada en nombre de la sociedad desde que es concejal del ayuntamiento y que su error fue no inscribir su cese como administradora en el registro mercantil. No es un problema de legalidad, sino de irregularidad. Ni en el código ético del partido ni en el municipal se admiten casos como este, recuerda Medialdea.

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