Las personas con discapacidad tomarán la calle en una marcha masiva, el domingo en Madrid, para denunciar el riesgo de "colapso absoluto" por el impago de las administraciones y para "sacudir las conciencias", según ha asegurado el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez. En una entrevista con Efe, el responsable del Cermi explica que es una iniciativa "histórica" para este colectivo, que justifica por la necesidad de mostrar la situación insostenible que sufren algunas familias, motivada en muchos casos por las deudas de las comunidades autónomas, que están poniendo en riesgo el empleo de más de 15.000 personas.
Los impagos de las comunidades autónomas y ayuntamientos con entidades del Cermi, dedicadas a prestar servicios directos por delegación de las administraciones, asciende a más de 300 millones, indica.
Denuncia que muchos de los trabajadores encargados de prestar estos servicios en residencias, centros de día o en viviendas tuteladas, entre otros, no cobran sus nominas desde hace un año.
"Tenemos que contratar a personas para prestar servicios destinados a cubrir las necesidades de estas personas, como ayudarle para salir de casa o a vestirse; no hay que olvidar que son personas que si no das esa prestación su vida diaria incurre en unas condiciones de indignidad".
Tras mantener un encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la ministra de Sanidad, Ana Mato, el responsable del Cermi asegura que ha reclamado un pago preferencial para los servicios sociales, "porque esta situación no puede durar tres o cuatro meses más".
Relata que el Cermi ha trasladado algunas ideas al Ejecutivo para generar más recursos destinados a lo social sin coste directo para el Estado y destaca que en la reforma de la ley de bases de régimen local, que prepara el Gobierno, se pretende trasladar el modelo de gestión se servicios sociales a los ayuntamientos.
Entre las propuestas, recogidas en la "agenda amable y sin coste", se encuentra destinar el dinero de las "cuentas durmientes", los productos bancarios que no se han movido en los últimos 10 o 15 años y que pasan al Estado, a iniciativas sociales. También, destinar los fondos de las herencias sin testar, una vez amortizadas las deudas, y promover la contratación pública socialmente responsable, es decir, reservar el 6 por ciento de los contratos que realizan las CCAA a empresas sociales -de reinserción para colectivos vulnerables y centros especiales de empleo- para desarrollar trabajos como jardinería o limpieza.
"El Estado ha pagado a las CCAA, pero éstas no lo han dedicado al fin destinado, lo han metido en la bolsa global de políticas de empleo, por ejemplo", lamenta.
El presidente del Cermi considera que es el momento de cambiar de estrategia e invita a participar el próximo domingo en la marcha. "Es un gran acto colectivo de afirmación, de llamada de atención a la sociedad y a los responsables públicos de que somos cuatro millones de personas, que vivimos en uno de cada cuatro hogares españoles; hasta ahora hemos sido discretos e incluso invisibles, pero queremos que todo el mundo tenga conciencia de nuestra situación".
"En este momento de crisis o salimos y expresamos que estamos ahí o corremos el riesgo de colapso absoluto", ha añadido cayo Pérez, quien ha planteado su deseo de que la marcha se convierta en una "sacudida de conciencia".
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, los colectivos van a celebrar esta marcha al mediodía que discurrirá desde la calle Goya hasta la Plaza de Colón bajo el lema "SOS Discapacidad-derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo". "Queremos por primera vez conquistar la calle, como un espacio de relación, de comunicación y de expresión de la vida; un entorno que siempre ha sido hostil por las barreras que nos encontramos cada día".
Cayo Pérez aclara que no buscan subsidios, sino cambios, por ejemplo en el modelo de empleo de discapacidad de hace 30 años.
"Ahora hay 300.000 personas con discapacidad trabajando y queremos llegar a 500.000 en unos ocho o diez años; eso significa contribuir a la Seguridad Social, salir a la calle y hacer vida social. Es el camino que nosotros queremos y lo hemos resumido en un gran pacto de Estado que haga que la discapacidad esté en la agenda política", ha concluido.
