Casi 320.000 personas dependientes continúan en lista de espera en España a la espera de recibir prestaciones o servicios sociales mientras que cada día fallecen cerca de 100 dependientes sin recibir estas ayudas, según algunas conclusiones del 'Informe del Observatorio de la Dependencia' correspondiente al primer semestre de 2017, presentado este jueves.
Según explicó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio de Dependencia, José Manuel Ramírez Navarro, "este Informe analiza los datos oficiales de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en este periodo, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio".
Este Informe destacó que a 30 de junio de 2017, un total de 898.243 personas fueron atendidas siendo el número total de dependientes reconocidos de 1.217.355. La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Según este estudio, el esfuerzo de las Comunidades Autónomas consiguió el aumento, en los dos últimos años, del número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.
Además, el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 euros al mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 euros al mes y 177,86 euros al mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa, según destacó este Informe.
LA AYUDA LLEGA DEMASIADO TARDE
A este respecto, el presidente del Observatorio de la Dependencia destacó que "la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley".
Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.
Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.
VARIOS AÑOS PARA ACABAR CON LAS LISTAS DE ESPERA
El Informe destacó que "resulta preocupante que, aun reconociendo el cambio de tendencia, de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía". Además, del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando "como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa".
A todo ello se añade que mientras casi 120.000 grandes dependientes o dependientes severos, que son los que requieren mayor atención y con mayor urgencia, "la tendencia para la atención residencial es a la baja", e incluso en los primeros seis meses de 2017 se observa una pérdida de 370 prestaciones. "Ello hace que la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en el primer semestre de 2017".
Por lo tanto, el empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) "se estaría frenando en torno a los 200.000, y el número de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017".
Según el Observatorio de la Dependencia, en el primer semestre de este año el coste del Sistema ascendió a 3.700 millones de euros, es decir, solo 86 millones más que en el semestre anterior. El copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones. La financiación finalista de la AGE en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente.
