Vitoria: El Profesor investigado por abusos sexuales a niños es apartado un año después

sociedad

| 23.10.2015 - 16:34 h
REDACCIÓN

El profesor sustituto del ciclo de Infantil que está siendo investigado judicialmente por presuntos abusos sexuales a al menos cinco niños y niñas de entre 3 y 5 años ha sido hoy apartado temporalmente de las aulas, un año después de que el Departamento vasco de Educación conociera esta investigación.

La polémica mantenida ayer entre el Gobierno Vasco y la Fiscalía de Álava sobre este asunto, y la alarma social que ha provocado este caso en Vitoria, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha anunciado hoy la suspensión temporal de este maestro de forma preventiva hasta que se aclare lo ocurrido, a pesar de que no está imputado.

El Departamento vasco de Educación sostuvo hasta ayer que no le había apartado de la docencia porque no tenía conocimiento de que hubiera una investigación judicial sobre este profesor, algo que negó el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.

El fiscal precisó que en junio de 2014 el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria abrió diligencias y en octubre del año pasado él mantuvo una reunión con responsables de Educación, quienes habían sido informados además de cuatro posibles casos de abusos detectados por los servicios municipales de Infancia de Vitoria.

La consejería ha cambiado hoy de postura y ha querido "dejar de lado las contradicciones" entre la versión de la Fiscalía y el Departamento. Tras ponerse en contacto por teléfono esta mañana con el fiscal, con el centro donde daba clases hasta hoy el profesor y con el propio maestro, ha optado por apartarle de momento de sus funciones docentes porque "lo importante es buscar soluciones" y "proteger a toda la comunidad educativa", ha dicho la consejera.

La investigación de este caso se remonta al curso 2012-2013, cuando el padre de una niña de tres años denunció que la pequeña podía haber sido víctima de abusos por parte de un profesor. Este caso se archivó por falta de pruebas pero el padre pidió que cambiaran de centro a la pequeña, y lo consiguió meses más tarde.

Sin embargo, ayer dijo que sintió una gran "angustia, desesperación y desasosiego" al comprobar que ese maestro daba clases en el centro al que había sido trasladada su hija, puesto que es un profesor sustituto y cubre bajas de otros docentes.

Aunque este caso se archivó, en el Servicio de Infancia del Ayuntamiento volvieron a saltar todas las alarmas durante el curso pasado, cuando se detectaron al menos cuatro casos de niños y niñas con "comportamientos extraños" y palabras "hipersexuadas" impropias para su edad, ha señalado la Asociación Clara Campoamor, personada en esta causa como acusación popular.

El abogado de esta agrupación que defiende los derechos de la infancia, José Ignacio Fernández, ha indicado que incluso se detectó que otros niños también levantaron sospechas de haber padecido algún tipo de abusos pero sus padres se negaron a que los evaluaran los psicólogos para evitarles "un trauma".

Con este cúmulo de indicios, la acusación popular ha criticado la "mala gestión" del Departamento de Educación, ya que cree que "había datos suficientes para iniciar una investigación" y que las medidas que adoptó el Gobierno Vasco fueron "muy escasas". "Es tarde para actuar, pero espero que no lo sea demasiado", ha señalado hoy a Efe este letrado.

De hecho, tanto el PP como UPyD han pedido explicaciones a la consejera de Educación en el Parlamento por la "inacción" y la "falta de coordinación" con que ha actuado su departamento.

Distintos sindicatos que representan al profesorado público vasco han criticado también que Educación haya "ocultado información", como es el caso del mayoritario Stee-Eilas, que ha recordado que el protocolo a aplicar incluye fórmulas como no dejar solo al profesor en el aula hasta que se esclarezcan los hechos.

ELA ha considerado "gravísima" y un "escándalo" la descoordinación entre Fiscalía y Educación, mientras que CCOO y UGT han preferido no opinar por ser "un tema delicado".

La propia Fiscalía reconoce la dificultad de investigar un caso como éste dado que las presuntas víctimas son niños muy pequeños, que no sobrepasan actualmente los seis años y que tienen muchas dificultades para "verbalizar" lo ocurrido.