Una veintena de franquicias de Vitaldent se quejan de los abusos del nuevo dueño

El juez autorizó la venta de Vitaldent por 18,5 millones de euros a la empresa JB Capital Markets SV SAU

Clínica de Vitaldent

sociedad

| 14.04.2017 - 11:49 h
REDACCIÓN

Una veintena de clínicas franquiciadas de Vitaldent se quejan de los abusos a los que les someten los nuevos dueños por negarse a desvincularse del grupo, y afirman que, de seguir así, les llevarán al cierre de sus locales y dejarán a miles de pacientes en la calle.

Estas clínicas, diseminadas por toda la geografía española, ya pidieron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que instruye ahora el caso por el fraude millonario de su excúpula a las franquicias, clientes y pacientes de Vitaldent- que suspendiera sus contratos con la marca, a lo que el magistrado se negó.

Al tiempo que suspendió estos contratos de franquicia, el juez autorizó la venta de Vitaldent por 18,5 millones de euros a la empresa JB Capital Markets SV SAU -de Javier Botín, hijo del empresario Emilio Botín-, tras lo que los nuevos dueños instaron a las franquicias a subrogar sus contratos.

Veintitrés de ellas se negaron a hacerlo puesto que consideran que, al abrirse una causa penal contra sus directivos pueden, de acuerdo con sus contratos, rescindir los acuerdos con Vitaldent unilateralmente y seguir funcionando como clínicas privadas, una demanda que llevan paralelamente por la vía civil.

Según ha explicado a Efe el dueño de una de esas clínicas, que prefiere guardar su anonimato por temor a represalias, desde entonces esa veintena de clínicas ha sufrido coacciones y amenazas por parte de JB, que las ha dejado, denuncia, "en un limbo jurídico".

Y es que, según su relato, ahora esas clínicas, personadas como acusación popular en la Audiencia Nacional, siguen perteneciendo a un ente, Laboratorio Lucas Nicolás (el antiguo nombre del dueño), que es una empresa vacía, sin activos, mientras les han cortado la financiación a los pacientes y reciben peticiones de que paguen distintos cánones y hasta cartas de desahucio de los locales.

"Una clínica dental sin financiación es la muerte inmediata, nos nutrimos en más de un 80 por ciento de eso", denuncia este propietario, que advierte de que como la situación siga así las clínicas tendrán que cerrar y dejarán en la calle a miles de pacientes y decenas de trabajadores.

"Ellos tienen la sartén por el mango, tienen muchísimo dinero porque tienen al Santander detrás y un montón de abogados", explica para añadir que no quiere dar su nombre porque los nuevos dueños "actúan en plan mafioso y al día siguiente tengo veinte monitorios".

Estas clínicas ya pidieron al juez Velasco que suspendiera sus contratos al entender, sostenían en su escrito remitido a la Audiencia Nacional, que "además de ser absolutamente intolerables desde el punto de vista jurídico", colocan a los franquiciados "en una situación económica insostenible" y "crítica".

Sin embargo, el juez rechazó esta medida porque consideraba que no se ha probado hasta ahora que los contratos sean delictivos y porque lo pedido por las perjudicadas no es una medida cautelar (de carácter provisional), sino que supondría "realmente la desvinculación fáctica de esos contratos" y su anulación, algo sobre lo que aún no se puede pronunciar al no ser el momento procesal oportuno.

"¿Cuándo será el momento procesal, cuando hayamos cerrado todas las clínicas?", se pregunta el dueño de uno de esos locales que tienen previsto emprender más acciones legales para intentar desbloquear su situación.

El caso Vitaldent estalló en febrero de 2016, cuando se detuvo a sus exdirectivos, entre ellos el antiguo dueño, Ernesto Colman, por haber diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda", de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en dinero B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.

En un principio, la causa la llevaba un Juzgado de Majadahonda (Madrid) pero éste se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que obligó al juez Velasco a investigarla porque es muy compleja y afecta a muchas regiones españoles, lo que hace necesario centralizarla.