Un juez autoriza la primera exhumación de 2 fusilados en el Valle de los Caídos

Fueron fusilados en Calatayud y sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos cuando se inauguró

El juez reconoce su derecho a una "sepultura digna"

Exige que los cuerpos se entreguen a la familia tras identificar su ADN

Los familiares reciben con "mucha alegría" la noticia

sociedad

| 09.05.2016 - Actualizado: 16:12 h
REDACCIÓN

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El Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha ordenado la primera exhumación por la vía civil en el Valle de los Caídos, con el objeto de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una "digna sepultura".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez José Manuel Delgado Seoane admite la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que "el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció".

El magistrado acuerda que se inscriba en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, "sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo".

Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez considera que existe una "alta probabilidad" de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la "única forma de acreditarlo" es a través de la prueba de ADN. El magistrado ha tenido en cuenta la imposibilidad legal de acudir a la vía penal y el hecho de que la Fiscalía no se haya opuesto a la medida.

LA FISCALÍA SE OPUSO POR LA DIFICULTAD E INSUFICIENCIA DE DATOS PARA ENCONTRAR LOS RESTOS

La Fiscalía no mostró su disconformidad, pero sí solicitó tener en cuenta las "dificultades" y la "insuficiencia de datos" que permitan constatar con "certeza" el lugar de enterramiento de las víctimas, puesto que los 81 cuerpos trasladados desde Calatayud eran de individuos desconocidos.

En cambio, el juez considera "verosímil" el testimonio de la familia, descarta que estén en la ciudad aragonesa y señala que "solo se procederá a la entrega de restos cadavéricos una vez identificados por medio de la prueba de los indicadores del ADN".

El auto, que es firme, valora el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.

MAS DE 30.000 CUERPOS EN EL VALLE DE LOS CAIDOS

El abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, ha explicado a Europa Press que "en el Valle de los Caídos constan más de 33.000 cuerpos y hasta hoy había dos identificados y uno de ellos apodado 'el ausente'. Desde hoy son cuatro, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco y Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás".

Purificación Lapeña, que agotó la vía penal, explicaba en su demanda que su abuelo, Manuel Lapeña era veterinario y su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña, era herrero cuando desaparecieron en 1936. Fueron fundadores de la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra y tras

Tras ser ejecutados aquel año, los restos mortales de sus familiares fueron trasladados al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación en 1959. La demandante pidió que se constatara la muerte violenta y se procediera a identificarlos y entregarlos a la familia para que los puedan enterrar donde deseen.

ALEGRÍA ENTRE LOS FAMILIARES

El presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), Miguel Ángel Capapé, ha recibido con "mucha alegría" la decisión del juzgado de autorizar la exhumación de los restos mortales de dos hermanos fusilados que son familiares de su mujer. "Sobre todo siento satisfacción por esta pelea que tanto tiempo llevamos con ella", ha indicado el marido de María Purificación Lapeña que es nieta de los fallecidos y la demandante de esta medida.

El presidente de la asociación ha recordado que llevan seis años desde que se enteraron que sus familiares fueron llevados al Valle de los Caídos y ahora están a la espera de la sentencia en firme que "no puede tardar más", ya que se ha pasado el plazo de presentar recurso.

En paralelo, diputados de Podemos, Ciudadanos e IU se han congratulado en el Congreso del auto judicial que autoriza la exhumación.

Para el representante de Podemos Juan Pedro Yllanes, todo lo que sea avanzar en la efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica es "esencial". Tras reclamar a juzgados y tribunales que "se impliquen directamente" para que la Ley de Memoria Histórica pueda tener efectiva aplicación, ha defendido la importancia de ir avanzando en esa eficacia para ir "cerrando heridas".

El portavoz de IU, Alberto Garzón, ha tildado la sentencia de "muy satisfactoria" y "muy importante" y ha opinado que España aspira a que "haya un reconocimiento de las víctimas". A su juicio es "increíble que en un país europeo y democrático todavía haya miles de fusilados en fosas comunes, sin tener reconocimiento y sin poder ser enterrados por sus familiares como se merecen".

El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha calificado de "buena noticia" el auto del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Es "positivo siempre que se cumplan las leyes" y es un "derecho humano fundamental conocer donde están enterrados los seres queridos".