Las tres familias a las que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia que obliga a la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, además del catalán, han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la ejecución "forzosa" de este fallo y que obligue a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat a adaptar esta normativa.
En rueda de prensa, el presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja --que ha aglutinado las demandas--, ha explicado que el 23 de abril finalizó el plazo legal para que la Generalitat adaptara la normativa a esta sentencia, y que desde entonces solamente ha manifestado su voluntad de preservar la inmersión ling~ística en Catalunya.
"Ahora esperamos que el TSJC esté a la altura", ha dicho Caja, quien espera que el tribunal catalán comunique a la Generalitat la firmeza de la sentencia y que, en caso de que los jueces catalanes se declaren en huelga de brazos caídos, ha dicho, vengan las fuerzas de orden público a imponer el orden.
Ante la pasividad que, a su juicio, demuestra la Generalitat, Caja ha pedido que se procese a los responsables de esta normativa --la consellera Irene Rigau y el presidente del Govern, Artur Mas-- por prevaricación y por desobediencia a la autoridad: "Si es necesario, que lleven a la cárcel a todos y cada uno".
Caja ha avanzado que, después de las elecciones, unas 500 familias enviarán una instancia por carta a la consellera para reclamar el cumplimiento de la sentencia del TS, ya que, a su parecer, la mayoría de los padres rechazan el modelo de inmersión lingüística catalán. "Esta broma de la inmersión ha durado más de 17 años, y es grave", ha asegurado Caja, para quien el Govern, si es demócrata, debe resignarse y aceptar que este modelo es contrario a la Constitución española.
PERFIL DEFINIDO
Las familias que han acudido a esta asociación responden a un perfil muy definido: se trata de alumnos en la escuela concertada, de una "determinada zona de Barcelona" y catalanohablantes --aunque las tres familias demandantes se han confesado castellanohablantes--.
Una de las madres denunciantes, Consuelo Santos, ha reclamado el derecho de sus hijos a aprender el castellano, mientras que Caja ha criticado el "horror" con el que las familias descubren que sus hijos no saben español. "Se adoctrina a los escolares en el odio a España", ha defendido Caja, quien ha achacado el menor rendimiento escolar entre los alumnos castellanohablantes al idioma en el que se imparten las clases.
Para éste, no puede afirmarse que los alumnos catalanes, con dos horas de castellano semanales, tienen el mismo nivel en este idioma que el resto de comunidades, donde se imparten las 35 horas semanales en castellano; y ha acusado a la Generalitat de practicar un bautismo catalanista en las escuelas que "cambia el alma a los niños".
