Las cuentas bancarias abandonadas se destinarán a estudiantes discapacitados

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat

sociedad

| 07.11.2017 - 14:00 h
REDACCIÓN

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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha explicado que "antes de que acabe el año" se van a convocar ayudas a estudiantes con discapacidad con los 7 millones de euros recaudados por el Ministerio de Hacienda de las cuentas corrientes abandonadas en España. Lo ha anunciado durante su primera comparecencia ante la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, a petición propia y a la que no habían asistido nunca sus anteriores compañeros de cartera, Ana Mato y Alfonso Alonso, para detallar las políticas del Gobierno en este ámbito, así como las futuras reformas legislativas. Como la que cambiar la ley electoral para permitir que todas las personas con discapacidad puedan votar, que se debate hoy en el Parlamento, y que la ministra de Sanidad, ha aconsejado que se haga "con rigor y máximo consenso".

Respecto a las medidas de apoyo a los jóvenes con discapacidad, Montserrat ha asegurado que los 7 millones de euros recaudados en las cuentas sin movimientos durante 20 años -por fallecimiento sin testamento-, tendrán "por primera vez un objetivo finalista, que es la formación de personas con discapacidad".

En concreto, ha dicho se destinarán a que "los jóvenes puedan completar su formación y desarrollo profesional con becas y para la investigación adaptada a mejorar su formación" y que tendrá en cuenta especialmente "los gastos de desplazamiento del usuario con discapacidad" con el objetivo de que estén en vigor en el curso 2018-2019.

La ministra también ha destacado otras adaptaciones de leyes, como la que realiza el Ministerio de Justicia, "que está avanzada", que supondrá cambiar un sistema basado en la sustitución de la adopción de decisiones por un tutor- como hasta ahora viene sucediendo por defecto- por otro de asistencia para la toma de decisiones, que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas.

En materia de empleo, ha valorado la importancia del currículo anónimo -al que se han adherido más de 80 empresas- que permite que se valore a las personas por su capacidad y que "la selección de personal sea neutra".

En empleo público, ha detallado que la reserva del 7 % en las plazas MIR para sanitarios ha permitido que 3.200 personas con discapacidad se hayan formado y que los ministerios de Hacienda y Justicia hayan aumentado esas reservas de plazas para empleo público, el primero del 2 al 4 %, y el segundo del 5 al 7 %.

AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA

En cuanto a los afectados por talidomida ha destacado el compromiso de terminar el año con un registro de afectados y ha confiado en tener "el presupuesto para atender todas las necesidades de los afectados".

La ministra ha abordado los cambios en la financiación de las ayudas con cargo a la casilla del IRPF de fines sociales tras la sentencia del Constitucional, que resolvió un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha dicho que si todos los contribuyentes marcaran esta casilla se repartirían 500 millones de euros "en el programa social más potente", que cada año beneficia a unos 7 millones de personas.

En este asunto, el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha reprochado al Gobierno que haya tenido que cambiar el modelo de financiación del 0,7 % tras una sentencia del Constitucional y después de varias resoluciones de otros tribunales. Le ha dicho a la ministra que "una concepción abierta y progresista de la Constitución podría haber hecho posible" que se celebrara un referendo en Cataluña y evitado que el conflicto que vive la sociedad catalana.

La ministra ha agradecido la intervención del diputado catalán y sus alusiones al nuevo modelo y ha asegurado que intuye que no va a haber recurso a un modelo realizado por el acuerdo y el "esfuerzo" entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que pueda ser aplicado este año.

En su intervención, la responsable de Servicios Sociales ha detallado a la Comisión el informe sobre la valoración de la aplicación de la ley de dependencia en 10 años y ha dicho que el 88 % de los usuarios se han incorporado en los últimos seis años, en concreto, 807.000 personas.

En el turno de los portavoces, los grupos socialistas y de Unidos Podemos han lamentado el triunfalismo de Montserrat en la comparecencia, mientras que Ciudadanos le ha recriminado los problemas de financiación en la dependencia.