La Seguridad Social revoca la pensión de viudedad al asesino de su esposa

Hasta ahora cobraba casi 600 euros mensuales, más dos pagas extras, desde el día siguiente al asesinato de su mujer

sociedad

| 09.12.2011 - 14:06 h
REDACCIÓN

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La Seguridad Social ha revocado "de forma inmediata" la pensión de viudedad que percibía el recluso Llorenç Morell, que disfrutaba de esta prestación pese a ser condenado a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Gils (Girona).

Según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo en un comunicado, la Seguridad Social "reclamará legalmente" a Morell los importes abonados indebidamente, que ascienden a más de 40.000 euros.

Hasta ahora, Morell estaba cobrando de este Ministerio 592,92 euros mensuales, más dos pagas extraordinarias, desde el 22 de julio de 2005, el día siguiente al asesinato de su mujer.

Pese a ello, Morell no ha pagado aún ni un euro de las indemnizaciones que el tribunal le impuso para los familiares de la víctima.

La Seguridad Social ha informado asimismo de que ha iniciado una investigación para conocer el motivo de este error, y ha explicado que, diariamente, una aplicación informática cruza los datos de los solicitantes de pensiones con las 16.602 sentencias dictadas sobre muertes debidas a violencia de género.

Sin embargo, y según este organismo, Morell no figuraba como condenado en esta base de datos.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad han afirmado, en declaraciones a Efe, que este caso se debe a un "error administrativo y a circunstancias excepcionales que deben subsanarse".

Estas mismas fuentes han recalcado que la Ley integral contra la violencia de género establece claramente que los condenados por sentencia firme por homicidio no serán beneficiarios de las pensiones de viudedad cuando la víctima sea la causante de la pensión, norma que se aplica de forma "tajante".

Asimismo, la Secretaría ha recordado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según los cuales en España los asesinos de mujeres pasan, de media, 16 años en prisión, y abonan una indemnización de alrededor de 200.000 euros.