El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reforma de la ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas.
En un foro organizado por el diario La Razón, Gallardón ha declarado que el Ministerio de Justicia tiene encima de la mesa un informe de expertos sobre la reforma de esta ley, que ha calificado como un asunto de gravedad. Los partidos de la oposición se han mostrado contrarios a cualquier modificación. El PSOE ha advertido que denunciará el Concordato con la Santa Sede si el Gobierno reforma la ley.
Gallardón ha defendido que la vida "es un derecho inalienable y no una "concesión graciosa,", y por ello es necesario una reforma de la ley, ya que, ha explicado, la actual regulación es incompatible con esto.
Preguntado sobre qué sentido tomará la nueva ley, el ministro ha respondido que es "fácil de adivinar", si se atiende a los criterios que estableció el Tribunal Constitucional en 1985 cuando se pronunció sobre el aborto.
"El nasciturus es un bien jurídico protegido, que tiene relevancia en la vida humana desde el mismo momento de su concepción si bien esa protección no es absoluta", ha explicado Gallardón en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional.
"SISTEMA DE INDICACIONES Y NO DE PLAZOS"
Eso significa, ha añadido, que cuando entre en conflicto el legislador tiene que ajustarse a ese conflicto, si bien no "se puede tratar al concebido como ausente de cualquier tipo de protección".
Así, "el sistema tiene que ser de indicaciones y no de plazos", ha explicado el ministro, que ha argumentado que no se puede centrar la ley en el cumplimiento de unos requisitos formales: "hasta catorce semanas sí, catorce semanas más un día, no".
No obstante, el sistema de indicaciones también indica que los dos supuestos más importantes como son "el peligro para salud física y psíquica, no pueden ser considerados como pretextos para no proteger la vida del concebido", ha añadido.
En esos casos se deberán de acreditar esas condiciones, ha precisado el responsable de Justicia, al recordar que el Tribunal Constitucional establece que hay derechos para la mujer y para el niño, "por lo tanto cuando hay conflicto entre ambos el legislador tiene que actuar".
"No hay una vida menos valiosa que otra, ni mucho menos como consecuencia de una discapacidad", ha subrayado Gallardón.
Entre otros asuntos de la reforma de la ley, el ministro ha avanzado que se regulará la objeción de conciencia de los médicos al tiempo que ha manifestado que no considera que "un menor de edad sin consentimiento de padres" pueda abortar.
El responsable de Justicia ha explicado que en este proyecto el Gobierno ha trabajado en "oír todas las voces y escuchar a todos los expertos" antes de presentar la reforma de la ley del aborto que pronto "se convertirá en tramitación legislativa".
EL PSOE ANUNCIA QUE DENUNCIARÁ EL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE SI EL GOBIERNO REFORMA LA LEY
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha adelantado este martes que su partido denunciará el Concordato con la Santa Sede en el caso de que el Gobierno decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para "limitar la libertad de las mujeres".
Valenciano ha denunciado que "parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres", algo que, según ha lamentado, no es "nada nuevo" porque "en esto siempre han ido de la mano".
Así se ha referido la dirigente socialista a las declaraciones que hicieron el lunes tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Por la mañana, el primero reclamó una "reforma urgente" de la ley del aborto y del matrimonio homosexual, y por la tarde, el segundo anunció que la actual ley de plazos se sustituirá por un "sistema de indicaciones" en el que se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse.
"Si el Gobierno del PP va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", ha explicado Valenciano. En este sentido, ha dejado claro que los socialistas no van a "consentir que a estas alturas los obispos sigan imponiendo su moral al conjunto de la ciudadanía y mucho menos que limiten de nuevo la libertad de las mujeres".
Por su parte, la presidenta de UPyD, Rosa Díez, exigió al Gobierno de Mariano Rajoy que no se deje "chantajear" por la Iglesia católica que está reclamando severos recortes en la Ley del Aborto y la abolición del matrimonio homosexual. "Que la Iglesia trate de presionar" al Ejecutivo para que legisle de acuerdo con su ideario, dijo Díez, "no merece un comentario, lo que me parece exigible es que el Gobierno no se deje chantajear tampoco por la Iglesia".
En cuanto a las posibles modificaciones de la ley de plazos para el aborto apuntadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Díez aseguró que le parecen "ocurrencias, como todo lo que dice" el ministro.
Los portavoces de IU y de ICV, José Luis Centella y Joan Coscubiela, coinciden en ver al PP "histérico" con sus intentos por "criminalizar" a quienes discrepan de la acción del Gobierno. A su juicio, los que verdaderamente están al frente del Ejecutivo son Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y monseñor Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, que marcan la agenda.
Tambien el PNV ve inadecuado reformar la ley del aborto aprobada con amplio consenso. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado hoy que "no parece adecuado" reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada por "un acuerdo bastante amplio" en las Cortes, y ha confiado en que el Gobierno no se deje influir por "la presión" de la Iglesia.
A Esteban no le parece adecuado cuestionar ahora la actual ley del aborto ni modificarla y ha argumentado que se aprobó en su momento con un consenso bastante amplio.
Por el contrario la plataforma Derecho a Vivir ha asegurado que acoge con "satisfacción aunque con cautela" el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la aprobación inminente de la nueva ley del aborto. No obstante, ha advertido que "un Gobierno con mayoría absoluta no puede regatear en la defensa de la vida humana".
En un comunicado, la plataforma considera que "España puede ser un ejemplo para el resto de Europa y el mundo si se producen cambios de verdadera importancia". Sin embargo, se refiere a las "pocas pistas" que el ministro de Justicia ha ofrecido sobre el contenido del proyecto legal a lo largo del año y medio de legislatura para añadir que les "obliga a recelar".
"Han sido demasiadas palabras, promesas y gestos, y muy poca concreción, sobre todo, especialmente culpable, con un Gobierno sostenido por una mayoría absoluta en el Parlamento", ha señalado la doctora en Medicina y portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya.
En su opinión, la reforma legal debería contemplar, entre otras medidas, "la supresión del sistema de plazos, porque el aborto no es un derecho". Derecho a Vivir pide también la abolición del supuesto de riesgo para la salud psicológica de la mujer, "ya que el embarazo 'per se' no supone un riesgo para la salud mental de la mujer y sí lo es el entorno hostil en que ésta se pueda encontrar".
"Es importante recalcar", sostiene Joya, "que el derecho a la vida ha de prevalecer siempre ante cualquier situación, sólo cuando se enfrentan derechos iguales es posible hablar de conflictos".
