El macrojuicio por los abortos ilegales ha proseguido hoy en la Audiencia de Barcelona con la declaración de Carlos Morín y su esposa, una vez que el tribunal ha rechazado "de plano" la petición de nulidad planteada por las defensas, al descartar que fuera el documental con cámara oculta efectuado por una televisión danesa el que dio inicio al proceso penal contra el doctor. Igual que su esposa, Maria Luisa D., que afronta más de 200 años de cárcel, Morín se ha negado a contestar a las acusaciones y sólo ha respondido a su abogado, ante el que ha defendido la legalidad de las intervenciones practicadas en sus clínicas y ha opinado: "el aborto es un incidente, no la vida de una señora".
El doctor ha explicado que los historiales médicos de sus pacientes estaban a disposición de las autoridades sanitarias, que llevaban a cabo inspecciones en sus centros sin previo aviso, y que las mujeres que acudían a sus clínicas eran derivadas de otros centros médicos y, a menudo, sus intervenciones pagadas por administraciones públicas.
Según Morín, los residuos procedentes de sus centros abortivos iban a parar a unos contenedores y una empresa contratada les daba el tratamiento adecuado.
En ese sentido, el doctor Morín ha explicado que la trituradora que se encontró en uno de los centros, según un informe de la Guardia Civil, era utilizada para eliminar restos de pollos y cerdos que se usaban para unas prácticas quirúrgicas de veterinaria que él organizaba, en virtud de sendos convenios con la Universidad de Autónoma de Barcelona (UAB) y de Zaragoza.
Por su parte, la mujer de Morin se ha desvinculado de la administración de las clínicas abortivas, en las que ha dicho que no tenía ninguna participación empresarial, y ha precisado que su cargo era el de directora de enfermería de uno de los centros, por lo que se limitaba a abrir las fichas de las pacientes y a pedirles su consentimiento escrito a las pruebas que se les debían practicar.
Maria Luisa D. ha negado que se encargara de rellenar los cuestionarios psiquiátricos de las mujeres que acudían a sus clínicas a abortar y sólo ha admitido que ayudó a contestar los formularios a pacientes analfabetas que "incluso firmaban con el dedo".
EL TRIBUNAL EXIMIRA A LAS MUJERES DE DECLARAR SOBRE HECHOS QUE LAS INCULPEN
El tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga al doctor Carlos Morín por abortos ilegales eximirá al centenar de mujeres que interrumpieron el embarazo en sus clínicas de contestar a las preguntas que puedan incriminarlas, dado que aún podrían resultar imputadas. Así lo ha advertido hoy Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga a Carlos Morín y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de la capital catalana, por los que se enfrenta a una petición de pena de más de 300 años de prisión.
Navarro ha advertido ante las partes personadas en el juicio de la singular situación en que declararán las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, dado que han sido citadas como testigos pero podrían ser interrogadas sobre cuestiones que les acarrearían responsabilidades penales.
Esa situación en que se encuentran las pacientes de las clínicas de Morín se deriva del hecho de que la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que investigaba el caso, decretó en su día el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellas, en vez del libre, que habría supuesto su archivo definitivo, sin que sus defensas recurrieran.
Por ese motivo, el presidente del tribunal ha resaltado que esas mujeres declararán "en condiciones especiales" y que se las eximirá de responder a las preguntas que podrían incriminarlas y comportar su imputación, una decisión que da oxígeno a las defensas porque limitará los testimonios de cargo.
