Asociaciones de mujeres y expertos en violencia de género han coincidido en exigir una mayor especialización de los juzgados y un acompañamiento individualizado de las víctimas para lograr la correcta aplicación de la ley y evitar las muertes por violencia machista. Tras los crímenes machistas cometidos ayer en Paterna (Valencia) y Valladolid, donde murieron dos mujeres y la actual pareja de una de ellas, y el intento de asesinato de una tercera mujer en Bilbao, distintas asociaciones han reivindicado la correcta aplicación de la ley contra la violencia de género y una mayor dotación de medios materiales y personales.
"La ley es perfecta porque acomete el problema desde todos los puntos de vista posibles, desde el de la justicia y la seguridad a la educación", ha señalado a Efe la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona.
Sin embargo, ha admitido "problemas" en la aplicación de la ley, como la falta de especialización de los juzgados, la necesidad de mejorar los cuestionarios de valoración de riesgo de la policía, o la importancia de implementar un acompañamiento especializado de la víctima durante todo el proceso.
Sobre este aspecto, Carmona ha explicado que se han dado casos de mujeres asesinadas que habían reanudado la convivencia con su agresor. "La mujer tiene que estar informada y ser muy consciente del riesgo que corre al reanudar la convivencia una vez que ha interpuesto la denuncia", ha dicho.
En este sentido ha coincidido la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien ha afirmado que cuando una víctima va a formular la denuncia necesita que la persona que le apoya sea alguien que le inspire confianza y le asesore correctamente.
Además, ha subrayado que una vez interpuesta la denuncia, las mujeres necesitan un acompañamiento especializado para que el proceso concluya con una sentencia condenatoria.
En declaraciones a Efe, Besteiro ha incidido también en la necesidad de crear en todos los juzgados unidades de valoración forense-integral, que examine a la víctima, al maltratador, a los hijos y que asesora al juez a la hora de dictar sentencia o acordar órdenes de protección.
"Lo que demandamos -ha resumido- es la aplicación correcta de la ley", ha señalado Besteiro quien ha sugerido que se debería ampliar el uso de las pulseras electrónicas, una medida que ha demostrado su eficacia, ya que no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor la llevara puesta.
Sin embargo, de las 124.000 denuncias del año pasado, sólo se impuso el uso de 720 pulseras.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree que uno de los fallos en la lucha contra esta lacra puede estar en la respuesta institucional a la petición de protección por parte de las víctimas.
"Muchas de las mujeres asesinadas habían pedido medidas de protección que ya no estaban en vigor, y esto dice muy poco de la respuesta institucional para la protección de las víctimas", ha lamentado.
Por eso, Soleto insiste en que hay un problema de aplicación de la ley. "Es como si la ley integral de violencia de género y los mecanismos de protección hubieran perdido tensión de respuesta", ya que las posibles soluciones no han cambiado a lo largo de los diez años que lleva en vigor.
En este sentido, ha recordado que entre 1 y 2 millones de mujeres conviven con la violencia de género, al mismo tiempo que se está produciendo un retroceso en las peticiones de ayuda de las víctimas, del número de denuncias y de la respuesta institucional.
"Tenemos que seguir insistiendo en que la intervención contra la violencia de género tiene que ser específica y desde el conocimiento real de lo que supone este delito", ha subrayado la presidenta de la Fundación Mujeres, que ha lamentado que no se acaba de ajustar la respuesta en términos de protección y de impunidad.
