Decenas de víctimas de bebés robados se han concentrado hoy ante el Congreso para reclamar la creación de un "censo nacional" de desaparecidos para poder conocer la dimensión de este problema en España, que podría afectar a unos 300.000 recién nacidos.
Por segundo año, las asociaciones "Camino a la Justicia", el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos "Nuevo Ágora" y Avidna han conmemorado el Día Internacional de las Desapariciones forzosas con esta concentración, en la que han recordado que "siguen en la lucha" y que no que cejarán en ella hasta que no tengan una solución. Así lo ha manifestado a Efe Pedro Caraballo, coordinador de "Nueva Agora", quien considera imprescindible la creación de un censo nacional de bebés robados para poder dar solución a este problema y "poder cerrar la Transición, que realmente terminará el día que esto haya sido esclarecido".
Caraballo ha lamentado que, a pesar de las promesas de los políticos tras su primera concentración hace un año, no haya habido "grandes avances en los últimos meses", aunque ha reconocido que "se han dado algunos pasos, como es la asignación de 100.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para crear un banco de ADN.
Ha anunciado que en los próximos días esperan reunirse con representantes de distintos grupos políticos, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) o representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El representante de las víctimas ha denunciado la actitud de la Iglesia, que "está cerrada a cal y canto y ni siquiera nos ha dado la opción de entrevistarnos con algún responsable de la jerarquía eclesiástica".
También ha criticado las trabas judiciales que, a su juicio, encuentran los abogados de las víctimas, principalmente "las prescripciones no fundadas de las causas".
RECLAMAN QUE SEA UNA "CUESTIÓN DE ESTADO"
En la concentración se ha leído un manifiesto en el que se ha demandado que los casos de bebés robados y las adopciones ilegales se conviertan en una "cuestión de Estado".
Los afectados han criticado que han tenido que "ejercer de detectives privados" para recopilar los documentos sobre sus causas y han lamentado que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a "nacimientos, historias clínicas u otros asuntos".
Entre los asistentes se encontraba Antonio Iniesta, quien busca a su hermano mayor, nacido en el Hospital Sanjurjo de Valencia el 3 de junio de 1957. "Era el primero de los 4 hijos de mis padres y les dijeron que había muerto", ha explicado Iniesta, mientras recordaba cómo su madre empezó a sospechar de lo que podía haber pasado con su hijo cuando comenzó a oír hablar en la televisión de los bebés robados.
Les habían dicho que el bebé murió, no les enseñaron el cuerpo, se ocuparon del entierro en el hospital, no firmaron ningún papel y desconocen dónde fue enterrado, ha relatado.
Según su testimonio, "no hay historial clínico porque se destruyó en un incendio en 1981, no hay legajo de aborto en el Registro Civil y sólo existe una ficha de ingreso y alta de su madre en el hospital por enfermedad".
En julio de 2103 la denuncia presentada por su familia fue archivada porque la Fiscalía alegó que "los médicos y las matronas no pudieron ser entrevistados al no poder ser identificados", lo que, ha asegurado, "es totalmente falso".
Ha manifestado que en 2014 se anunció la reapertura de su caso, tras reconocer la Fiscalía "errores en las investigaciones", aunque ha dicho que aún está a la espera de que esto suceda.
Una mujer nacida en la localidad toledana de Mora ha anunciado que hoy iba a poner su caso "en manos de la Fiscalía" después de "recopilar papeles durante 4 años".
Según su relato, su bebé nació el 25 de abril de 1964 y fue ingresado el 21 de mayo en el Hospital Clínico de Barcelona, donde supuestamente murió el 18 de junio por deshidratación.
"Los papeles certifican que la niña que yo enterré no era mi hija, en el historial médico sale el nombre de una madre que no soy yo y no me han dado la Fe de Bautismo", ha criticado.
