El imán de Terrassa (Barcelona) no hará más sermones hasta que el juez decida sobre la querella

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El imán de Terrassa (Barcelona), Abdeslam Laaroussi, no pronunciará más sermones en la mezquita de la ciudad hasta que el juez se pronuncie sobre la querella criminal que presentó en su contra el fiscal del Servicio de Odio y Discriminación de Barcelona, por presuntamente incitar a la violencia y provocar la discriminación contra las mujeres.

"Mientras el imán tenga un asunto judicial, no dará sermón. Después, ya veremos", ha dicho el presidente de la Asociación Musulmana de Terrassa, Mustapha Ben el Fassi, a las puertas de la mezquita tras el sermón semanal, que ya no ha pronunciado Laaroussi, quien precisamente ha declarado ante el juez por la mañana.

DICE QUE SUS PALABRAS SE SACARON DEL "CONTEXTO RELIGIOSO"

El imán de Terrassa, Abdeslam L., ha reafirmado hoy ante el juez su inocencia del delito de incitación a la violencia contra la mujer que se le imputa y ha dicho que sus palabras se entendieron mal porque se sacaron del "contexto religioso".

El líder religioso islámico ha declarado ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Terrassa después de que la fiscalía le acusara de incitar a la violencia y a la discriminación contra la mujer en dos sermones que pronunció en la mezquita, en los que presuntamente dio consejos sobre cómo pegar a las mujeres sin dejar marca.

La acusación parte de las palabras que el imán presuntamente pronunció en estos sermones, que fueron grabados por mossos d'esquadra de paisano.

"El imán ha afirmado de manera muy clara su rechazo a cualquier incitación a la violencia contra la mujer y ha aclarado todas las ambigüedades que se han generado", ha asegurado el portavoz de la Unión de Comunidades islámicas de Cataluña, Mohamed Algaiduru.

El imán ha llegado hoy al edificio de los Juzgados de Terrassa alrededor de las 09.40 horas y ha comparecido ante el juez desde las 10.00 hasta pasadas las 12.00 horas.

El pasado mes de marzo, el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, interpuso una querella en la que acusa al imán de incitar a la violencia y la discriminación contra la mujer en sus sermones de los viernes 16 de diciembre de 2011 y 20 de enero de 2012, en la única mezquita de Terrassa, que estaba abarrotada con cerca de 1.500 fieles en cada ocasión.

Por su parte, la junta directiva de la mezquita donde el imán oficia sus sermones ha tomado la decisión de apartar al líder religioso mientras dure el proceso judicial.

"Mientras el imán tenga el asunto judicial abierto, tiene también su derecho a la inocencia como cualquier ciudadano, pero respetamos el poder judicial, y mientras el asunto esté en manos de la justicia será así, después ya hablaremos", ha indicado el presidente de la Comunidad Musulmana de Terrassa, Mustapha Ben el Fassi.

El presidente de la comunidad local ha eludido pronunciarse a favor del imán o en contra, apelando al respeto que tiene el colectivo a la Justicia y al proceso abierto contra el líder.

Ben el Fassi tampoco ha entrado a valorar las palabras del imán en su declaración de hoy, ni a considerar si se trata de una mala interpretación de sus discursos, tal y como ha manifestado el presidente de la Unión de Comunidades islámicas de Cataluña, Mohamed el Gaidouni, a la puerta del juzgado.

La decisión de la junta directiva de la mezquita se ha hecho efectiva desde hoy mismo -el imán ya no ha oficiado el sermón de los viernes- y en su lugar se ha designado otra persona perteneciente a la comunidad para hacerse cargo del sermón.

El pasado mes de marzo, el ayuntamiento de Terrassa anunció que se personaba como acusación popular contra el imán tras ser admitida a trámite la querella de la Fiscalía.

"El Ayuntamiento ejercerá de acusación popular en este caso y pedirá el máximo de información directa para evitar que nos llegue a través de los medios de comunicación y que llegue de una forma más institucional", explicó entonces el alcalde de la ciudad, Pere Navarro (PSC).

Navarro también destacó el trabajo que se estaba realizando con la comunidad musulmana de Terrassa con el fin de condenar conjuntamente la violencia de cualquier tipo.

La Generalitat, a instancias del Institut Català de les Dones (ICD), también decidió personarse como acusación popular en el caso.