La secretaria de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños", Carmen Luque, ha denunciado hoy que la recientemente creada oficina de información a los afectados por los bebés robados trabaja "a espaldas" de las asociaciones de víctimas.
Durante una concentración organizada esta mañana por dos asociaciones de víctimas en la Puerta del Sol, Luque ha explicado a los periodistas que tienen "muchas dudas" acerca del funcionamiento este nuevo servicio, creado por el Ministerio de Justicia y abierto el pasado 26 de febrero.
Luque ha indicado que aunque el ministro Alberto Ruiz-Gallardón prometió que las asociaciones participarían en su gestión, finalmente no ha sido así, ya que la oficina está pidiendo los datos de las víctimas de forma individualizada y sin contar con las organizaciones.
"Las asociaciones ahí no tenemos nada que decir, no nos han dado respuestas claras de quién maneja esos datos", ha dicho Luque, que desconfía de que esta información esté "suficientemente protegida".
Luque ha valorado el objetivo de la oficina, ayudar a los afectados a encontrar documentación de hospitales, cementerios y otros organismos sobre sus familiares desaparecidos, pero ha insistido en que las asociaciones quieren "controlar" el proceso.
Una de las cuestiones que les producen "más desconfianza", ha dicho, es que en esta supuesta "trama" de robo de niños podría haber implicadas personas importantes del régimen franquista vinculadas en estos momentos con políticos relacionados con el PP.
"Tenemos serias dudas de que una investigación realmente vaya a dar los frutos adecuados porque hay mucha gente relacionada con políticos que están ahora funcionando, por eso queremos controlar todo el proceso", ha indicado, y ha añadido que espera que la oficina no se utilice para evitar que haya reencuentros.
Ya se han presentado unas 2.000 denuncias relacionadas con niños robados y se calcula que podría haber entre 30.000 y 300.000 bebés desaparecidos, ha explicado Luque, para quien "esto es una bomba; en España hay un ejército de personas que no conoce su identidad".
Su asociación sostiene que la supuesta "trama" de niños robados comenzó tras la Guerra Civil por motivaciones políticas (bebés quitados a las presas republicanas), pero que se alargó hasta los años 90 del siglo pasado por razones "económicas", y por ello ha opinado que "puede haber intereses en que esto se tape".
Unas treinta personas han protagonizado la concentración madrileña, que se repite cada domingo y en la que se han exhibido pancartas con casos concretos de bebés desaparecidos y se han recogido firmas pidiendo justicia para las víctimas de estos robos de niños.
"Queremos que la cosa sea rápida, que no mueran los criminales que nos tienen que contar donde están nuestros niños y tengamos la oportunidad de que antes de que más afectados fallezcan, puedan encontrarse con sus hijos", ha resumido Luque.
Respecto al funcionamiento de la justicia española para tratar estos casos, Luque, que busca a su hermano desaparecido, ha denunciado los diferentes criterios de los distintos juzgados y ha abogado por que haya jueces especializados.
Ha criticado que hay algunas audiencias provinciales, en concreto las de Cádiz y Huelva, que están "cerrando sistemáticamente" los casos porque los dan por prescritos.
En este sentido, ha recordado que diez asociaciones de niños robados se adhirieron el pasado verano a la llamada "querella argentina" que instruye la jueza de ese país María Servini de Cubría sobre los crímenes del franquismo, con la esperanza de que la justicia de ese país actúe con más contundencia.
