Matas asume su responsabilidad en la contratación de Calatrava para el anteproyecto de la ópera de Palma

22.02.2011 - 14:28 h
REDACCIÓN

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El ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas ha asumido ante el juez instructor del caso Palma Arena su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto del palacio de la ópera de Palma, planeado por el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura, y ha defendido la legalidad de su contratación por un total de 1,2 millones de euros, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto el también ex ministro de Medio Ambiente durante la declaración que ha prestado en calidad de imputado, por espacio de tiempo de dos horas, en el marco de la pieza que investiga la adjudicación presuntamente irregular del anteproyecto, cuya realización fue encargada de forma directa y sin concurso a Calatrava pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó. Una comparecencia en la que, según las mismas fuentes, se ha mostrado firme y seguro en sus argumentaciones.

DECISIÓN "POLÍTICA" Y "PLENAMENTE LEGÍTIMA"

El principal encausado del caso ha defendido así que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Gobierno, y ha justificado la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente". En este sentido, ha incidido en varias ocasiones en que la pretensión del Ejecutivo autonómico era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero. "Lo queríamos para un proyecto brillante, viable y de interés público", ha recalcado el ex presidente defendiéndose de las imputaciones de Fiscalía y acusación particular, quienes le atribuyen haberse volcado en esta iniciativa con fines electorales, al ser adjudicada justo antes de los comicios autonómicos y municipales de 2007. "No hubo ningún fin electoral y volvería a contratar a Calatrava. No me arrepiento de haberlo hecho", ha espetado rotundo.

De hecho, se ha mostrado convencido, ante las preguntas del juez, de que un futuro Gobierno retomará el proyecto y lo hará realidad. "Es una lástima que esté aparcado y que únicamente se haya dado a conocer en sede judicial", ha llegado a afirmar Matas, quien ha manifestado que los ciudadanos deberían tener constancia de lo que Calatrava llegó a proyectar frente a la bahía de Palma. El ex jefe del Ejecutivo balear ha ensalzado una y otra vez la labor que realizó el arquitecto, a la que se ha referido como "patrimonio activo" de la capital balear, pese a que finalmente quedó relegada a una maqueta.

Sin embargo, al ser preguntado por detalles administrativos, como el presunto fraccionamiento de contratos previa a la adjudicación del anteproyecto, el ex líder 'popular' se ha desvinculado de estas decisiones aunque ha defendido la labor de los técnicos que se encargaron de estos trámites desde el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), a través del cual se formalizó el contrato de Calatrava y al frente del cual se encontraba el ex consejero de Educación y Cultura Francesc Fiol.

DURANTE UN DESAYUNO EN ROMA

Es más, ha señalado que las negociaciones, de haberse detectado cualquier tipo de irregularidad, "se hubieran podido revocar", mientras que, finalmente, ha recordado que fue durante un desayuno en Roma cuando trasladó a Calatrava su propuesta de reformar el Moll Vell e incluir en este proyecto la construcción del Palacio de la Opera, aunque "sin detallar las bases", y tras ha ver sido presentados ambos por el editor Pedro Serra quien les presentó.

Cabe recordar que las acusaciones le atribuyen haber utilizado el proyecto de la ópera únicamente para sacar rédito político y provecho electoral por adjudicarse meses antes de los comicios de 2007 a los que concurría de nuevo como candidato a la presidencia del Ejecutivo balear.

EL JUEZ SE PRONUNCIARA SOBRE LA FIANZA EN PROXIMOS DIAS

Según el Ministerio Público y la acusación particular, representada por la abogada de la Comunidad Autónoma María Angeles Berrocal, el principal imputado del caso Palma Arena habría incurrido por estos hechos en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Es por todo ello que las acusaciones han solicitado contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, sobre la cual el magistrado prevé pronunciarse en los próximos días.

Frente a estas acusaciones, la defensa del ex líder de los 'populares' negó, en el escrito de alegaciones que presentó para rebatir los argumentos de las acusaciones, que su patrocinado cometiese delito alguno en la adjudicación del anteproyecto, y tachó así de "infundios" las imputaciones que pesan sobre él. Así las cosas, sus abogados consideran la petición de fianza "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Además, sus asistentes legales recalcan que la decisión de adjudicar el anteproyecto del Palacio de la Opera a Calatrava fue "política plenamente legítima", por lo que niegan que fuese un "montaje" y que se cometiese cualquier tipo de irregularidad. Es más, defienden la selección y contratación sin ningún concurso previo del arquitecto para este proyecto, dado que, a su juicio, era la persona "más cualificada del mundo técnica y artísticamente para que cogiera las riendas del asunto".

Al hilo de lo anterior, la defensa califica de "rotundamente falsa" la afirmación contenida en el escrito del fiscal y de la letrada del Gobierno autonómico en la que se dice que Matas promovió el proyecto y la intervención de Calatrava con la única y exclusiva finalidad de favorecer intereses propios como candidato a la presidencia del Gobierno y los del partido político al que representaba, "a modo de golpe de efecto durante la campaña electoral".

Cabe recordar que el pasado año Matas ya declaró a lo largo de tres días en torno a la causa, en el marco de la cual pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.