El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Presupuestos generales del Estado para 2012, los más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones que se conseguirá con medidas como reducir del gasto ministerial el 17 % y subir del impuesto de sociedades para grandes empresas. Asimismo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los Presupuestos no contemplan un aumento del IVA para no perjudicar al consumo ni la recuperación económica, y que mantendrán la actualización de las pensiones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que "estamos en una situación crítica" que conlleva un "ajuste muy duro" con el objetivo de cumplir el "objetivo ineludible" de reducir el déficit como se ha comprometido España con la Unión Europea.
"España será fiable en 2012 por el cumplimiento del 5,3 % como máximo del déficit", ha dicho Montoro, para quien gracias a esta fiabilidad se podrá ver "pronto" la recuperación económica.
Para ello, se acometerá un ajuste "muy duro" que significa "renunciar a muchos programas de gasto" como forma de equilibrar "cuanto antes" los Presupuestos.
CONGELACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS, ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los presupuestos generales del Estado no incluyen una subida del IVA para no perjudicar al consumo ni la recuperación económica, y mantendrán la actualización de las pensiones.
Además, se congelará, no se rebajará, el sueldo de los funcionarios, no se recortará el gasto en prestaciones por desempleo y se mantendrá asimismo el gasto en otras partidas sociales, como las becas.
"Hemos empezado por ajustar las cuentas en casa", ha dicho Sáenz de Santamaría en relación al "ajuste drástico" del gasto de los ministerios, que supera el adelantado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que había hablado de casi un 15 %.
GRAVAMEN DEL 10% PARA LA AFLORACIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS
Además se va a buscar cuadrar las cuentas por el lado de los ingresos, para lo que ha avanzado el establecimiento de un "gravamen especial" del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para que las vengan de fuera como para la que afloren en España, un programa de regularización del impuesto de sociedades para las grandes empresas, que en la práctica supondrá una subida de este tributo.
El denominado "Programa especial de regularización de activos ocultos" estará en vigor hasta el 30 de noviembre de este año y permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. Montoro ha eludido calificar expresamente esta medida de "amnistía fiscal" y ha dicho que es una decisión que le gusta "más o menos", pero que hay que llevarla a cabo "en un momento en que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir impuestos indirectos y sin perjudicar la distribución tributaria".
De esta forma, el contribuyente que se acoja a esta normalización y pague el 10 % por las rentas no declaradas "quedará integrado ya en el sistema tributario".
Para las empresas que saquen dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones el gravamen especial será del 8 %.
Además, el Gobierno reestructurará el sistema de tributación del impuesto sobre las labores del tabaco, una medida que permitirá aumentar la recaudación estatal en 150 millones de euros este año. "No hemos subido el impuesto", subrayó Montoro, que avanzó que se producirá una redistribución dentro del propio gravamen.
En concreto, se reduce en dos puntos el tipo proporcional, que depende del precio de venta, y que actualmente está situado en un 57%, al tiempo que se incrementa el tipo específico vinculado con el número de unidades, que está hoy en 12,7 euros por cada 1.000 cigarrillos.
De este modo, se podrá "mantener el nivel de competencia" en el sector y contribuir a reducir el contrabando, con el objetivo de que sea una "clase a extinguir" y sea "imposible comprar una cajetilla de forma ilegal en España".
"Estamos en una situación límite en lo que afecta a las cuentas públicas y al desempleo", ha dicho Sáenz de Santamaría tras la reunión del Gobierno en la que se ha aprobado el anteproyecto, que será remitido el próximo martes al Congreso de los Diputados.
El objetivo de los presupuestos será cumplir con la cifra de déficit público comprometida con Bruselas, el 5,3 % del PIB, una vez superada la propuesta del Ejecutivo del 5,8 %.
