Los grupos parlamentarios han adelantado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley elevada por la Asamblea de Madrid para debatir el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual a quienes la decisión de un juez ha privado de sufragio, unas 100.000 personas en todo el país según los datos disponibles. La iniciativa ha sido defendida por una delegación de diputados de la Asamblea de Madrid aprovechando la figura del Reglamento del Congreso que permite a los parlamentos regionales someter a consideración de la Cámara Baja asuntos de índole nacional que tengan impacto en la vida de una comunidad autónoma. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en Madrid, donde 12.000 personas con discapacidad están privadas de derecho a voto.
La proposición de Ley pide al Congreso la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) eliminando los apartados b) y c) de su punto primero y suprimiendo el segundo. Son los que establecen que carecen de derecho de sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".
Asimismo, insta a añadir una disposición adicional séptima a la citada ley según la cual, a partir de la entrada en vigor de esta modificación para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queden "sin efectolas limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente" en los apartados suprimidos. Según los datos que manejan los grupos, en España hay más de 96.000 sentenciad de este tipo en vigor.
"Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial delEstado", añade la iniciativa.
Para el diputado regional del PP Alfonso Serrano, se trata de abrir el debate porque hay "dudas razonables" en el modo de acometer la reforma. "*Es viable hacer desaparecer 100.000 sentencias judiciales con una reforma de la LOREG? *Son necesarias otras reformas para garantizar algo en lo que podemos estar todos de acuerdo?", ha planteado, para incidir en que si existe "voluntad" en el Congreso, estas dificultades son salvables.
15.000 PERSONAS SIN VOTO EN LAS CATALANAS
Para la diputada en Madrid del Grupo Socialista Mónica Silvana González, sin embargo, la cuestión está clara: "Estamos a solo unos días de las elecciones en Cataluña, el célebre 21-D y allí más de 15.000 personas no podrán ejercer su derecho a decidir". "Gobierno, está en sus manos hacerlo con rapidez, abordar este tema con puntualidad. No queremos una coma en la LOREG y seguir dejándolo en manos de los jueces, queremos la supresión", ha defendido en la tribuna de oradores.
De parte del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, la diputada Beatriz Gimeno ha incidido en "lo que cuesta cambiar mentalidades". "La aprobación de esta ley es legalmente insoslayable. La prohibición del derecho de sufragio de estas personas ha venido todo este tiempo vulnerando leyes y tratados internacionales, especialmente la Convención de Naciones Unidas ratificada en 2008 y de la que sabemos de sobra que se cumple una mínima parte", ha asegurado. LOS GRUPOS DEL CONGRESO, A FAVOR
El portavoz en el área de discapacidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ignacio Tremiño, ha expresado el apoyo de su grupo a la iniciativa porque "el perjuicio que se causa que pueda votar una persona sin capacidad de decidir o manipulada es sin duda menor que el que se genera al privar a 100.000 personas de participar en sociedad". "Esto es una anomalía jurídica que tenemos la obligación moral y legal de adaptar a la Convención. Nuestro desconocimiento de la discapacidad mental, la enfermedad mental o el deterioro cognitivo hace que persistan los prejuicios", ha sentenciado.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Joan Ruiz i Carbonell, ha incidido en que el volumen de personas con discapacidad intelectual en España afectadas por sentencias judiciales que privan del derecho de sufragio ha crecido un 600% y ya supera las 96.000 por lo que es "de derecho y de justicia" apoyar esta iniciativa en cuya participación, conforme han recordado todos los oradores, ha estado muy presente el Tercer Sector, representado en la tribuna de invitados por miembros del CERMI, Plena Inclusión y Down España, entre otros.
El portavoz de Ciudadanos en la materia, Diego Clemente, se ha expresado en la misma línea porque, conforme ha recordado, el derecho de sufragio "es la máxima expresión de la participación política en una sociedad democrática". "Debemos modificar la LOREG para que estas personas que no aparecen en el censo electoral puedan votar (...) No les defraudemos. Espero que de una vez por todas hagamos política para la discapacidad y no política con la discapacidad", ha sentenciado.
La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Teresa Arévalo Caravallo también ha mostrado apoyo a la iniciativa y ha recordado que el año pasado su grupo ya propuso enmiendas en este sentido que fueron rechazadas por el PSOE. Con todo, ha celebrado que ahora haya más consenso porque, conforme ha señalado, "hoy día hay concejalas con síndrome de Down que no han podido ser votadas por personas con síndrome de Down", en "una paradoja que sólo se explica", según ha dicho, "en los prejuicios existentes".
Tanto el Isidro Martínez del Foro Asturias como Iñigo Allí, de UPN, han manifestado su apoyo sin fisuras a esta iniciativa, igual que Carles Campuzano, del PDeCat, y Mikel Legarda, de EAJ-PNV, han expresado su voluntad de sumar al debate y analizar en profundidad qué medidas son necesarias para que estas personas puedan ejercer sin barreras su derecho a voto.
