Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que se querellaron contra Baltasar Garzón por el patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2005, han recurrido este martes ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por prescripción decretado ayer por el magistrado Manuel Marchena. Además hemos sabido que el Pleno que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el próximo 23 de febrero abordará la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial en virtud de la condena a 11 años de inhabilitación que le ha sido impuesta por el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas del "caso Gürtel" con sus abogados. El juez inhabilitado por 11 años, veía ayer como el Tribunal Supremo archivaba al declarar "prescrito" la causa abierta contra él por un supuesto delito de "cohecho impropio" por la presunta financiación del Banco de Santander de los cursos que dictó Garzón en Nueva York. "El Mundo" publica este martes pruebas documentales de esos pagos.
En los recursos, los querellantes insisten en pedir la apertura de juicio oral a Garzón por los delitos de prevaricación y cohecho propio al considerar que no ha existido prescripción, sino que Marchena la ha "inventado" y que, "de existir, le compromete a él gravemente a título personal como juez por el retardo intencionado en no acordarla".
Este lunes el Tribunal Supremo acordaba archivar por prescripción de los hechos la causa abierta contra Garzón por haber solicitado y obtenido patrocinios por valor de más de un millón de dólares de entidades como el Banco Santander, Endesa, BBVA, Telefónica o Cepsa para la realización de los cursos que impartió en Nueva York entre los años 2005 y 2006.
Garzón por lo tanto no será juzgado por recibir dinero de entidades a las que investigaba para realizar unos cursos en Nueva York por una formalidad de tan sólo 25 días. Pero las pruebas que hay contra él son muy claras, de hecho el Juez Marchena en su auto deja claro que se ha librado de una condena por la prescripción del delito. Hoy hemos conocido una nueva prueba. El diario "El Mundo" publica una nueva prueba, la factura de más de 4500 dólares que Garzón pagó al invitar a 25 comensales(entre ellos Felipe González o Henry Kissinger) a un cena en Nueva York, con cargo a los cursos patrocinados por el Banco de Santander.
Baltasar Garzón se libra de un tercer juicio y de una más que posible nueva condena.
El juez Marchena considera probado el delito de cohecho impropio: las cartas, documentos y certificados analizados dutante la instrucción dice, hablan por sí solos.
Hoy el diario "El Mundo" publica uno de esos documentos, en concreto, una factura. El lugar: Nueva York. La fecha: diciembre de 2005. El total alcanza los 4.575 dólares y el que invita es Baltasar Garzón con el dinero de los cursos patrocinados por el Banco de Santander.
Meses después del patrocinio de Botín, más de 300 mil euros, Garzón regresó a la Audiencia Nacional y archivó una querella contra el peresidente del Banco Santander.
Pero, volviendo a la cena, entre los 25 comensales que disfrutaron de, por ejemplo 27 botellas de vino, encontramos personalidades influyentes y, entre ellas, a Felipe González. Una presencia cuando menos curiosa si tenemos en cuenta la inestable relación entre uno y otro. Si en 1993 Garzón formó parte de las listas en apoyo a Felipe González, dos años después volvieron a encontrarse pero en el Supremo y para tomar declaración al socialista por los GAL. La relación volvió a buen cauce porque Felipe González le acompañó en 2005 en sus conferencias neoyorkinas y también en sus cenas en la ciudad.
LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL FIJADA PARA EL 23 DE FEBRERO
Serán por lo tanto los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial, presididos por Carlos Dívar, los que deberán estudiar si hacen efectiva la sentencia condenatoria dictada la semana pasada por el Alto Tribunal contra Garzón en la reunión que tienen programada para el próximo 23 de febrero, según informaron fuentes del Consejo.
Los vocales de la Comisión Permanente, compuesta habitualmente por Carlos Dívar, Almudena Lastra, Margarita Robles, Manuel Almenar y José Manuel Benítez, han tomado en una reunión mantenida esta mañana "conocimiento de la sentencia" y han decidido "encomendar al secretario general la elaboración de la oportuna propuesta de ejecución" de la resolución.
La propuesta del secretario general será estudiada en el pleno que se celebrará el próximo 23 de febrero, según indicaron las fuentes consultadas.
La Comisión Permanente ha adoptado esta decisión a pesar de que el caso de Garzón no se encontraba en recogido en el orden del día de asuntos que iban a tratar los vocales.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 127.7 que "será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los jueces y magistrados".
JUEZ INHABILITADO
La expulsión de la carrera judicial, que se hará efectiva el 23 de febrero, supone que un funcionario deberá acceder al sistema informático del Consejo General del Poder Judicial para clasificar la ficha de Garzón como juez inhabilitado.
La sentencia dictada la semana pasada por el Supremo, que condena a Garzón por delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales, especifica el efecto que tiene la separación de la carrera judicial. "La inhabilitación alcanzará al cargo así como a los honores que les son anejos, causando su pérdida definitiva", señala la resolución.
La condena supone que Garzón, de 57 años, no volverá a ejercer la judicatura y pierde su plaza en la Audiencia Nacional. El condenado si podrá, en cambio, ejercer como abogado.
El Consejo General del Poder Judicial, además de hacer efectiva la separación de Garzón de la judicatura, deberá sacar a concurso la plaza del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz de forma interina.
Todos aquellos magistrados que cumplan los requisitos podrán, por lo tanto, presentar su candidatura para hacerse cargo del juzgado del que era titular Garzón.
Garzón se encuentra, además, a la espera de conocer la sentencia en la causa en la que se le acusa de un delito de prevaricación por la investigación que llevó a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Garzón se enfrentaba en este procedimiento a 20 años de inhabilitación.
