El informe policial concluye que el chivatazo a ETA tuvo "móvil político"

  • Según el documento, en manos del juez, la filtración frustó detenciones y permitió ocultar datos esenciales del aparato de extorsión de la banda terrorista
  • El PP cree que el informe demuestra que Rubalcaba ha mentido y exige su comparecencia

El juez Ruz ya tiene el informe final del investigador del soplo a ETA, el comisario Carlos Germán, que concluye que el chivatazo que se le dió a los terroristas en el bar Faisán fue un chivatazo político "en el marco del proceso de negociación del gobierno con los pistoleros".

Aporta como pruebas el material videográfico grabado por la Policía y las imágenes extraídas de la cámara de vigilancia, en las que se ve al inspector de Vitoria, José María Ballesteros, entrar en el bar Faisán, donde presuntamente entregó al dueño Joseba Elosúa el teléfono con el que el cabecilla del aparato de extorsión de ETA recibió el soplo de que había en marcha una operación y que se les iba a detener. En las imágenes se ve al inspector salir del Faisán.

Los investigadores se ratifican en que Joseba Elosúa recibió la visita del inspector Ballesteros, él mismo ha reconocido que es quien aparece en las imágenes. Y el tráfico de llamadas permitió imputar al jefe de policía del País Vasco, Enrique Pamies, que fue quien presuntamente dio el soplo por el teléfono, y que éste a su vez reportaba al director del Policía, Víctor García Hidalgo. Todos ellos están imputados en el caso.

El informe policial, además de subrayar que el chivatazo fue político, señala que el chivatazo no sólo aplazó la operación si no que en buena parte la echó al traste. 54.000 euros que iban a ser intervenidos por la policía llegaron finalmente a ETA, y los terroristas pudieron ocultar listas de extorsionados, cartas, sellos de la banda, o notas de su contabilidad.

EL PP DICE QUE EL INFORME DEMUESTRA QUE RUBALCABA HA MENTIDO

Por su parte, el PP considera que el informe final de la Policía sobre el chivatazo policial a ETA durante la tregua de 2006 viene a demostrar que el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mentido, por lo que exige su comparecencia ante el Pleno del Congreso. "Si no va, será que tiene algo que ocultar", sostiene el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón.

Ignacio Gil Lázaro, el diputado del PP que semanalmente viene preguntando al Gobierno sobre este caso, sostiene que, tras este informe, "las mentiras de Rubalcaba han quedado plenamente acreditadas".

"Durante muchos meses yo he estado diciendo en el Congreso exactamente lo mismo que ahora la Policía y Rubalcaba supo siempre que lo que decía era estrictamente la verdad --sostiene--. Sin embargo, lo ha negado de manera reiterada ante la Cámara, calificándolo de 'infamias'. *Se atreve ahora Rubalcaba a sostener que el informe final del 'caso Faisán' realizado por la Policía es también una infamia?".

¿POR QUE MINTIO?

En declaraciones a Europa Press, Gil Lázaro ha recordado que Rubalcaba negó en el Congreso cuestiones que ahora la Policía ha expuesto al juez, como que el chivatazo permitió que ETA destruyera información relevante y recibiera también dinero de la extorsión, o que el aviso tenía un móvil político enmarcado en el proceso de negociación con ETA. "*Por qué mintió Rubalcaba?", se pregunta.

A su juicio, la Policía ha dejado en evidencia esas "mentiras" que inhabilitan al ministro para seguir en la vida pública porque "no pueden quedar impunes a tenor de su mayúscula gravedad". "De manera ya irrefutable el Diario de Sesiones se convierte finalmente en un auténtico pliego de cargos contra Rubalcaba", agrega.

Según Gil Lázaro, esas mentiras han sido un "intento premeditado de obstruir la acción de la Justicia" y "una estrategia de encubrimiento de un delito muy grave de colaboración con banda armada". "Las mentiras de Rubalcaba se explican teniendo en cuenta que trata de protegerse a sí mismo", afirma.