La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe. En este informe de 102 páginas, la Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal, ya que actuaba "como un grupo organizado que veía desarrollando una actividad presuntamente ilícita" liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
