82.000 personas apoyan la petición de la OCU para que se congele la tarifa de la luz

La campaña de recogida de firmas de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para pedir la congelación de la tarifa eléctrica en 2011 y el mantenimiento de la Tarifa de Último Recurso (TUR), en las condiciones actuales ha recabado 82.000 apoyos en dos meses. Según informa la OCU, esta iniciativa continúa porque considera que una gran mayoría de españoles no soportaría otro incremento del precio de la electricidad y porque entiende que las subidas del 18% en 2010 y de casi el 11% en el primer mes del actual año son más que suficientes.

Recuerda que desde 2008 el precio de la factura eléctrica ha subido un 50% lo que traducido a euros supone unos 235 % más de media al año. Por su parte el gas subió un 6% (30 % más).

"Mientras las subidas del precio de la luz se suceden, los españoles no perciben ninguna mejora en este servicio: ni mejor calidad, ni más competitividad, ni más transparencia en el sector eléctrico", denuncia.

Por ello, además de la congelación y el mantenimiento de la TUR, demanda la garantía del suministro de energía de modo continuo y a un precio asequible para todos los consumidores y la separación real de las actividades de generación, distribución y comercialización eléctrica.

Pide también mayores exigencias en materia de inversión en infraestrucuras de generación, transporte y distribución para evitar interrupciones del suministro, así como sistemas de compensación automáticos y sencillos para los clientes, que atiendan debidamente los daños sufridos en los apagones.

Por otro lado, advierte sobre la necesidad de un auténtico mercado europeo de la electricidad, realmente interconectado, para disminuir la dependencia española respecto de los grandes productores mundiales de petróleo y gas natural, mitigando así los riesgos de falta de abastecimento.

Por último, reclama establecer un punto de contacto unico e independiente para la tramitación de quejas y reclamaciones, un formato estandarizado de contrato para el suministro de último recurso y para los consumidores domésticos en el mercado liberalizado, facturas comprensibles y útiles y el reforzamiento de los poderes y de la independencia del regulador nacional (la CNE).