Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, han aprobadp este jueves las conclusiones de la comisión de investigación sobre la actuación de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, en las que dan por hecho que hubo un uso "partidista" de los recursos del departamento contra adversarios políticos.
La comisión aprobó un dictamen de conclusiones que contiene el mínimo común en el que todos, salvo PP y Ciudadanos, lograron ponerse de acuerdo, y que será elevado a Pleno acompañado de votos particulares de todos los grupos parlamentarios.
En unos casos, como el del PP, el voto particular obedece a que no comparte las conclusiones del dictamen. En el caso de los grupos que respaldaron el dictamen, los votos particulares se deben a que consideran insuficiente el dictamen y quieren que el Pleno se pronuncie sobre cuestiones en las que no hubo acuerdo en la comisión.
"ESTRUCTURA ORGANIZADA"
Los portavoces del PSOE, Juan Carlos Campo y David Sagarra, aseguraron en rueda de prensa que hubo en Interior una "policía política" que funcionaba con una "estructura organizada" para obstaculizar investigaciones que afectaban al PP y emprender una "persecución política" de los adversarios. Se trata, sentencian, de una "utilización partidista con fines políticos" de los recursos del Ministerio del Interior, lo cual "quebranta las reglas esenciales" del Estado de Derecho.
Ambos dejaron claro que no se ha juzgado al conjunto de la Policía, ya que la mayoría de sus integrantes desarrollan de manera "loable" la labor constitucional que tienen encomendada. Sin embargo, algunos de sus responsables han protagonizado "una de las páginas negras de la democracia".
"Desde luego, ha habido una utilización interesada" de ese Ministerio para "hacer daño al adversario político", dijo después la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Gloria Elizo, que considera "acreditados" los "ataques directos" a su formación a través de los informes Pisa y Europacific .
La portavoz del grupo, Irene Montero, considera "precipitado" el cierre de la comisión, del que culpa al PP, al PSOE y a Ciudadanos, y avanzó que Unidos Podemos presentará una querella para garantizar que la Fiscalía tiene conocimiento de las conclusiones de la comisión.
Tanto Montero como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, responsabilizaron al PP, al PSOE y a Ciudadanos de que las conclusiones no se envíen a la Fiscalía. Sin embargo, el peneuvista Mikel Legarda, presidente de la comisión, precisó que la competencia correspondería a la Mesa del Congreso y que en todo caso se investigaban responsabilidades políticas, por lo que su partido también lo rechazó.
"INCOMPETENCIA" DE FERNÁNDEZ DÍAZ
En nombre de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez explicó, según informa Servimedia, que su partido se abstuvo en la votación del dictamen por entender que su contenido "no refleja" la realidad de lo que ha sido la comisión. En su opinión, el problema central fue "la incompetencia" de Fernández Díaz y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que junto a "peleas y celos profesionales" en el Ministerio generó un cúmulo de "confusiones".
Cree por ello que la responsabilidad política fue del PP "por designar a Jorge Fernández Díaz" como ministro del Interior y a Cosidó como máximo responsable de la Policía Nacional, ambos culpables de una "dejación de funciones tremenda" para controlar lo que pasaba bajo su mando.
Gabriel Rufián, de ERC, aseguró que los ataques a la "disidencia" política procedieron de personas "concretas" pero constituyen algo "gravísimo" en una democracia. Considera que las conclusiones pactadas en el dictamen común se quedan cortas y anunció también por ello una querella, convencidos de que lo sucedido en Interior ha sido la conformación de "un nuevo GAL" con la "única diferencia" respecto del anterior de que ahora "no mataban pero difamaban y perseguían" políticamente a sus adversarios.
Mikel Legarda lamentó en nombre del PNV que no haya habido un poco más de tiempo y sosiego para "aquilatar" la investigación y las conclusiones. Pese a que no ha habido "pruebas de cargo concluyentes", su grupo percibe "indicios múltiples, diversos a lo largo del tiempo, de fuentes distintas, no contradictorios entre sí y todos conducentes a la misma conclusión" de que existió ese uso "partidista" del departamento.
Sergi Miquel i Valentí, del PDECat y en nombre del Grupo Mixto, cree "sin duda" en la existencia de ese uso y, aunque sus pretensiones eran más ambiciosas, se mostró "plenamente satisfecho" con las conclusiones acordadas. Su partido no presentará querella ante la Fiscalía pero sí pedirá a la Mesa del Congreso que requiera una investigación judicial sobre si el comisario Fuentes Gago mintió en su comparecencia.
