Anticorrupción pide fianzas civiles para otros diez imputados por las tarjetas B

Virgilio Zapatero admite que le "incomodó" la falta de control de las 'tarjetas black'

Hacienda investiga a imputados por las tarjetas de Caja Madrid, según ellos

Los primeros han señalado que con Blesa se generalizaron los "gastos personales" con las tarjetas

nacional

| 17.02.2015 - 08:25 h
REDACCIÓN

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La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado fianzas civiles para otros diez imputados por el escándalo de las tarjetas opacas que han declarado como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, equivalente a lo que cada uno gastó con la suya, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Se trata de los exconsejeros de Caja Madrid Jesús Pedroche, que cargó a su visa 132.200 euros; Alberto Recarte (139.900); José María de la Riva (208.900); Antonio Romero (252.009); Ricardo Romero de Tejada (212.216); Estanislao Rodríguez Ponga (255.400); Francisco Baquero (266.433); José Manuel Fernández Norniella (175.400); Mercedes Rojo (199.300) y el exministro socialista Virgilio Zapatero (35.977).

Durante la jornada de ayer, el representante de la Fiscalía especial solicitó esta misma medida para seis de los diez imputados que comparecieron ante el magistrado.

En concreto, para el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, que desembolsó 456.552 euros; el exalcalde socialista José María Arteta, que gastó 137.617 euros; Pedro Bedia (78.200); el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que desembolsó 93.984 euros; el socialista Ramón Espinar (173.999) e Ignacio de Navasqües (191.981) euros.

VIRGILIO ZAPATERO ADMITE QUE LE "INCOMODÓ" LA FALTA DE CONTROL DE LAS 'TARJETAS BLACK'

El ex ministro socialista y antiguo vicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que se sintió "incómodo" ante la falta de un interventor que controlara las tarjetas black en la entidad y que esta situación chocaba con la vivida durante su mandato al frente de la cartera de Relaciones con las Cortes durante el Gobierno de Felipe González, cuando un interventor examinaba todos los gastos.

Virgilio Zapatero, que ha declarado junto a otros ocho antiguos consejeros de la entidad en la pieza separada del caso Bankia en la que se investigan las tarjetas opacas al fisco, ha afirmado que la atribución de esta tarjeta no le sorprendió porque su labor consistía en acercar la labor de las cajas de ahorros a la Universidad y así destinó la visa a gastos relacionados con reuniones o con un programa de educación financiera en los que participó con ocasión de la intensa actividad desarrollada en esta materia.

El ex ministro, que fue uno de los más austeros en la utilización de esta tarjeta -a la que cargó 36.000 euros de un límite anual de 50.000-, ha rememorado que durante su etapa en el Ejecutivo socialista le "tranquilizaba" que un interventor visara todos los gastos y le sorprendió que en la caja madrileña no fuera así. "No había interventor y había una situación incómoda", ha dicho.

Zapatero ha añadido que insistió en renunciar al seguro de vida o al seguro de salud cuando abandonó la entidad y que en ese momento decidió liquidar los cargos de las tarjetas. El 24 de mayo de 2012, antes de estallar el escándalo, entregó todas las facturas y el 12 de noviembre de 2014 hizo un ingreso por la diferencia.

El exresponsable socialista, que ha entregado también documentación a un asesor fiscal a raíz de una inspección abierta ante Hacienda, fue expulsado del PSOE el pasado octubre. En ese momento, acusó a la dirección del partido de haberle prejuzgado sin solicitarle antes una "mínima información" y calificó de "justiciero" al secretario general Pedro Sánchez.

GASTOS INHERENTES AL CARGO

Por su parte, el histórico militante socialista José María de la Riva, que fue expulsado también del partido y se mostró sorprendido con la "precipitación" que había actuado la Ejecutiva, ha declarado que utilizó la tarjeta para gastos inherentes al cargo y que el entonces secretario general Enrique de la Torre le informó de que había un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, según el cual la entidad se ocupaba de la fiscalización.

Durante su comparecencia, que ha durado unos diez minutos, De la Riva ha indicado que entendía que la 'visa' se podía destinar a libros, restaurantes u obsequios relacionados con el cargo y que confiaba en que la cuarta entidad financiera de España declaraba los gastos ante Hacienda, como así le transmitieron. Se le investiga por 208.900 euros cargados a la tarjeta B.

El representante de CCOO Francisco Baquero, a quien se atribuye un desembolso de 266.400 euros, ha impugnado el desglose de los gastos porque no coinciden con los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria y ha señalado que nunca sobrepasó el límite impuesto por la entidad.

Finalmente, el último representante socialista llamado a declarar para este martes, el ex secretario de Organización del PSM Antonio Romero no ha comparecido y será interrogado mañana, miércoles, para explicar los gastos por valor de 252.000 euros cargados en la tarjeta black.

HACIENDA INVESTIGA A IMPUTADOS POR LAS TARJETAS DE CAJA MADRID, SEGÚN ELLOS

Hacienda ha abierto una inspección a todos los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid imputados por el escándalo de las tarjetas opacas, los cuales han procedido a elaborar las respectivas declaraciones complementarias, según han desvelado varios de ellos en la Audiencia Nacional.

Nueve de los 82 usuarios de las visas opacas han vuelto a diferir sobre el objeto con que se les entregó, y mientras unos han defendido que eran de "libre disposición" para uso personal, otros han justificado que solo estaban destinadas a gastos de representación y los últimos que podían emplearse con ambos fines.

En lo que sí han coincidido todos, para los que Anticorrupción ha pedido fianzas civiles equivalentes a lo gastado, es en asegurar que siempre pensaron que era la entidad, como titular de las tarjetas, la que debía practicar las retenciones, han informado fuentes jurídicas. Uno de ellos, José María de la Riva, ha aludido incluso a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda según el cual los consejeros no debían tributar.

Según De la Riva, que entendió su tarjeta como un instrumento para gastos de representación, él se interesó en numerosas ocasiones por el asunto de la tributación, pero desde la caja le respondían que no debía preocuparse porque existía ese acuerdo.