Los primeros testigos que han declarado hoy en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo han explicado al Tribunal Supremo (TS) que acudieron a la Audiencia Nacional "por Justicia" después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos. "Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", ha contado Pino Sosa, representante de la asociación por la Memoria Histórica de Araucas en Gran Canaria.
Su relato ha sido muy similar al que poco antes hacía María Martín López, de la asociación Sierra de Gredos, y que a sus 81 años ha recordado hoy ante el tribunal que juzga a Garzón lo que ocurrió con su madre el 21 de septiembre de 1936. "La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres", ha dicho María Martín, a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, a quién ha confirmado que sabe dónde se encuentra el cadáver de su madre, en una fosa con otros cinco cuerpos.
Tanto María Martín como Pino Sosa han explicado que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones que realizaron para localizar a sus familiares en ayuntamientos y juzgados. La representante de la asociación Sierra de Gredos ha rememorado que estuvo "sola por el mundo, completamente" en su lucha por encontrar a su madre.
Por su parte, Pino Sosa ha recordado que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre porque "se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba".También ha querido aclarar ante el tribunal que su testimonio en este juicio "no condiciona en nada" la búsqueda de su padre ni de otros desaparecidos en Canarias, ni altera las denuncias y demandas que la asociación Araucas ha presentado en varias instancias, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Cuando esta asociación presentó en 2006 la denuncia en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad aportó un listado de 500 desaparecidos, al que luego han añadido nuevas denuncias de desapariciones y, posteriormente, según ha confirmado Pino Sosa, también remitieron una queda al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) en 2007 por la tardanza del procedimiento.
Tras responder a las preguntas del abogado de la defensa, las dos testigos han tenido que contestar al letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruiz, que ha insistido en saber por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito. Pino Sosa lo ha negado al asegurar que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les motivó a llevar su caso hasta la Audiencia Nacional. Tras estos testimonios, el tribunal ha hecho un receso en el juicio y retomará la vista a las 12:30 horas con la declaración de Ángel Rodríguez Gallardo, de la asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas.
UN HISTORIADOR DENUNCIA ANTE EL SUPREMO EL "GENOCIDIO" DEL FRANQUISMO
El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de la asociación de Memoria Histórica Ponteareas, ha denunciado ante el Tribunal Supremo un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que, ha dicho, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".Rodríguez Gallardo ha sido uno de los tres testigos que han declarado hoy en el juicio a Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
El representante de la asociación de Ponteareas ha sido contundente al responder al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, que cree "imposible" que se pueda saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica. "Fue un plan sistemático para eliminar a los representantes del gobierno legítimo de la Segunda República y a las fuerzas que le defendieron", ha señalado después de contar que llegaron a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.
Lo que buscaba esta asociación con su investigación, y posteriormente con la denuncia que presentaron en 2006 ante la Audiencia Nacional, era encontrar una reconstrucción lo más fiel posible a lo ocurrido con los desaparecidos y poder reparar a los familiares que desconocían su paradero. "Habíamos determinado que en Ponteareas se habían producido a partir de 1936 violentos crímenes sin resolver(...), había muchísimos torturados y encarcelados, pero lo que más nos preocupó eran los desaparecidos", ha explicado Rodríguez.
Una vez que Garzón se inhibió y remitió la causa a los juzgados territoriales, esta asociación se dirigió a un juzgado de Porriño, que se consideró incompetente, y aún no tienen respuesta al recurso que presentaron en Pontevedra. En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.
