Andrés Herzog, responsable de Regeneración Democrática y abogado de UPyD, y Ramón Marcos, responsable de Instituciones de la formación magenta, han presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la presidenta del Parlament catalán, Núria de Gispert, y cuatro miembros de la Mesa de esta cámara por los actos de convocatoria de la consulta del 9-N y la vulneración de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) para "defender a los catalanes" de sus dirigentes, que están "enloquecidos".
Así lo ha manifestado Herzog a las puertas del alto tribunal tras presentar querella contra Mas, Gispert y los miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluis M. Corominas, Joseph Rull i Andreu y David Companyon i Costa por los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos y delitos electorales. Quiere que se les pida la fianza "que considere necesaria el juzgador" para afrontar eventuales responsabilidades.
Entienden, con independencia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya incoado diligencias respecto de otra querella contra Mas por los mismos hechos, a instancias de Manos Limpias, que este asunto debería ser instruido por el Tribunal Supremo
"La presentamos para defender los derechos de los catalanes ante sus propios dirigentes, porque hay unos dirigentes que están enloquecidos, que se han apropiado directamente de las instituciones y han acabado con la democracia", ha afirmado Herzog. Ha insistido en que su principal interés es "proteger a los catalanes y por extensión al resto de españoles".
¿COMPETENCIA DEL SUPREMO?
El letrado considera que la competencia de este asunto es del Supremo porque "es evidente que los hechos superan lo que es el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña e inciden en España", según Herzog, que ha calificado las actuaciones del Govern y del Parlament de "ataque a la soberanía nacional, que reside en todos los ciudadanos, y de la que se ha apropiado una élite de dirigentes".
En este sentido, el responsable de UPyD insiste en que los hechos denunciados trascienden lo que es la comunidad de Cataluña, al vulnerar resoluciones de un órgano de "inequívoco ámbito nacional" como es el Tribunal Constitucional y por eso la formación ha decidido presentar la querella en el alto tribunal, para lo que se basan en el artículo 70.2 del propio Estatuto de Autonomía catalán.
Respecto de la querella que se ya se está estudiando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Cataluña, Herzog ha señalado que "puede que haya un conflicto jurisdiccional y se resolverá a favor de quien corresponda", si bien ellos esperan que, una vez su querella sea admitida, sea el Tribunal Supremo el que reclame todas las actuaciones y ésta acaben acumuladas en un mismo procedimiento.
En el texto de la querella, de 34 páginas, se señala que los querellados "eran perfectamente conscientes de que carecían manifiestamente de competencias para hacer lo que luego hicieron" usurpando de esta manera atribuciones de las Cortes Generales y fraccionando la soberanía nacional con la consulta convocada.
También denuncian que la Generalitat ha destinado importantes fondos públicos para gastos en informática, papeletas, sobres, urnas cabinas y también han publicitado la consulta con gastos destinados a empresas de Cataluña y del resto de España. Igualmente se han invadido, a su juicio, competencias de la Junta Electoral Central.
Entre los actos posteriores a la resolución del TC destinados a realizar la consulta, UPyD cita el nombramiento de la Comisión de Control, la campaña institucional llevada a cabo a través de la web www.9nconsulta2014.cat y anuncios en TV3 como el informa que la consulta popular referendaria ha sido suspendida por el TC, la reapertura del Registro de participación en relación con catalanes residentes en el extranjero y las manifestaciones realizadas por diversos cargos públicos.
En este último aspecto citan declaraciones del consejero de Presidencia Francesc Homs; del líder del grupo parlamentario de CiU Jordi Turull, la vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó, la portavoz del CDC Mercé Conessa y del propio Mas, quien el pasado sábado manifestó :"por mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no lo lograrán".
Incluyen en la querella la reunión mantenida por Mas con los representantes políticos que se manifiestan a favor de la consulta del pasado viernes y que concluyó, según UPyD, en un "pacto de silencio" para no desvelar en qué se concretó el acuerdo.
Solicitan al Supremo la declaración de los querellados, su hoja histórico-penal, que se requiera a la Intervención General del Estado un informe detallado sobre los actos de ejecución del plan soberanista "con indicación de la fecha de las distintas actuaciones y las disposiciones patrimoniales de fondos públicos destinados a los mismos".
MAS CONVOCA PARA ESTE JUEVES UNA NUEVA REUNIÓN DE LAS FUERZAS PROCONSULTA
Los partidos del bloque favorable a la consulta soberanista, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, se reunirán este jueves de nuevo con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para abordar las fórmulas con el fin de celebrar el 9N salvando la suspensión cautelar que mantiene el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo han confirmado a Efe fuentes conocedoras de las negociaciones, que han precisado que está previsto celebrar la reunión mañana por la tarde. El encuentro será el segundo tras el que tuvo lugar el pasado viernes, día 3, en el Palau de la Generalitat, que terminó con el acuerdo de mantener la consulta del 9N y una fotografía conjunta de Mas con los principales dirigentes de los partidos proconsulta.
Además, el Govern y estos partidos acordaron reclamar al Tribunal Constitucional que levante con "celeridad" la suspensión de la ley y el decreto, así como hacer un "análisis exhaustivo" para garantizar las "mejores condiciones" democráticas para poder celebrar la consulta
Desde entonces, según fuentes de las negociaciones, los partidos del bloque soberanista mantienen contactos bilaterales constantes con el objetivo de desplegar los mecanismos que ofrezcan garantías democráticas para celebrar la votación el día acordado.
La reunión de Mas con los representantes de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP debería servir para limar posibles asperezas sobre cómo se aplicarán estos mecanismos para hacer posible la consulta, en un momento en el que se agotan los plazos iniciales de los trámites que figuraban en el decreto de convocatoria, aunque el Govern ha ampliado los tiempos hasta nuevo aviso.
El Ejecutivo de Artur Mas mantiene que celebrará la consulta "en los términos que son conocidos públicamente", es decir, en base a lo que establece la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9N, ambos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
