Marruecos defiende su "pacífica" actuación para liberar el asentamiento de "milicias armadas"

Los activistas españoles dicen que fueron testigos de un asalto violento y armado por parte de Marruecos

Una ONG se querella por la muerte de un español en El Aaiún

Rabat dice que el español saharaui murió atropellado en un accidente

internacional

| 16.11.2010 - 12:35 h
REDACCIÓN

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El ministro marroquí del Interior, Taib Cherkaui, ha defendido hoy la intervención "pacífica" de las fuerzas de seguridad marroquíes que desmantelaron el campamento saharaui y ha asegurado que el español fallecido, Baby Hamday Buyema, murió atropellado en un "accidente" en El Aaiún,

Tras reunirse con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, Cherkaui ha ofrecido una multitudinaria rueda de prensa en la que ha repetido punto por punto la versión ofrecida por el Gobierno de Rabat sobre lo sucedido, mostrando un vídeo con duras imágenes sobre los ataques a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Ha denunciado así la "agresión brutal" que sufrieron los agentes al intentar "rescatar" a ciudadanos "inocentes" que estaban acampados, ya que, según su versión, "milicias armadas" se habían hecho con el control del asentamiento y los habían "secuestrado".

"Ni Marruecos ni las provincias del Sur habían vivido actos así; es algo que nos recuerda los crímenes perpetrados por Al Qaeda y los terroristas en el Sahel", ha subrayado.

Cherkaui, quien ha asegurado que la muerte de Baby Hamday está siendo investigada por la Fiscalía General de El Aaiún, ha vuelto a cargar contra la prensa española, a la que ha acusado de "tergiversar" lo hechos para denigrar a Marruecos.

Durante media hora, ha descrito las imágenes del vídeo que ya mostraron ayer a los periodistas acreditados en Rabat, en el que se llega a ver cómo un hombre, supuestamente saharaui, orina sobre el cadáver de un miembro de las fuerzas de seguridad.

Según el balance de las autoridades marroquíes, en el campamento y después en la revuelta de El Aaiún perdieron la vida diez miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, se registraron setenta heridos y hubo 106 detenidos, 33 de ellos con antecedentes penales.

Cherkaui ha recordado que, en su origen, los acampados reivindicaban derechos sociales como trabajo, vivienda y seguridad social, pero que después fue "tomado" por "milicias armadas, contrabandistas, personas con antecedentes penales, en busca y captura y oportunistas" con objetivos políticos.

A estas milicias ha achacado la violencia desatada durante el desalojo y después en El Aaiún.

"Marruecos es un país democrático, que respeta los derechos humanos y que está cambiando; de ahí que fuera una intervención completamente pacífica en el marco del respeto a la ley y bajo la supervisión de la Justicia", ha insistido.

En reiteradas ocasiones ha recalcado que las fuerzas de seguridad que desalojaron el campamento no iban armadas y que tuvieron que enfrentarse a armas blancas, cócteles molotov, bombonas de butano y coches cuatro por cuatro, que arrancaban de repente para atropellarlos.

Esas milicias se desplazaron después a El Aaiún y, según su versión, dejaron claro que habían pasado por "un entrenamiento especializado y que tenían una capacidad palpable para ejecutar actos de sabotaje y violencia" similares a los que realizan grupos terroristas propios del Sahel y del Sáhara.

El ministro no ha dado fecha para la entrada de prensa española en El Aaiún y ha recordado que Marruecos es un país soberano que "se reserva el derecho de recibir en su territorio a cualquier invitado".

Tras denunciar que también hay periodistas marroquíes a los que se les ha impedido hacer su trabajo, sin precisar dónde, ha recriminado a la prensa española su "parcialidad" en una "ofensiva mediática" en la que, ha dicho, se han utilizado de manera interesada imágenes que no correspondían a El Aaiún.

La versión de la prensa española, ha insistido, abre paso "al odio y al racismo" y rinde un "flaco favor" a los intereses de dos países vecinos que deben mantener unas relaciones estrechas para enfrentarse a retos comunes como el terrorismo.

Cherkaui, que ha calificado a Rubalcaba de "amigo", ha subrayado que la reunión con él estaba centrada en la cooperación contra el terrorismo, la inmigración clandestina, el crimen organizado y el narcotráfico, contexto en el que se han firmado varios acuerdos de colaboración.

QUERELLA ANTE LA AUDIENCIA

Por su parte, la Liga Española pro Derechos Humanos ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra 3 ministros marroquíes y el gobernador de El Aaiún por el "asesinato" de un ciudadano español en los disturbios de la semana pasada y ha pedido que la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez declare como testigo.

El presidente de esta asociación, Francisco José Alonso Rodríguez, ha acudido esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional para presentar la querella por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones y torturas contra el gobernador de El Aaiún y los ministros de Defensa, Interior y Exteriores de Marruecos, a los que acusa de la muerte de Baby Hamday Buyema y de otros ciudadanos españoles descendientes de españoles.

“100 MUERTOS Y 600 DESAPARECIDOS”

Según el texto de los querellantes, que señala que hasta el momento podría haber más de cien muertos sin identificar y 600 personas desaparecidas, "conductas tan odiosas -que además permanecen en la humanidad- trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales".

Una vez que se admita la querella, que está en reparto para ser adjudicada a un juez de instrucción, la ONG quiere que se detenga de forma inmediata a los cuatro querellados y se acuerde su prisión provisional para tomarles declaración por los hechos denunciados.

La ONG basa su denuncia en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente ha sido modificada y que limita la actuación de la Jurisdicción Universal de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Para la Liga Española pro Derechos Humanos, en este caso se cumplen todos los requisitos para que la Audiencia Nacional investigue los hechos, ya que se trata de un delito de lesa humanidad con "algunas víctimas españolas".

Además, entiende la ONG, que en los hechos denunciados se constata "un vínculo de conexión relevante con España" pues con en el asalto al campamento Gdeym Izik y los posteriores incidentes en El Aaiún se ha abierto el debate "sobre hasta qué punto España tiene responsabilidad sobre un territorio que fue primero colonia y después provincia suya hasta 1976 y si sigue siendo potencia administradora del mismo".