Un etarra pide que la Audiencia Nacional de "facilidades" para acabar con el "conflicto"

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| 23.09.2010 - 14:24 h

Telemadrid/Agencias

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El etarra Andoni Otegi Eraso pidió hoy al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por haber colocado presuntamente un coche-bomba en Marbella (Málaga) en el año 2002 que "ponga facilidades" para acabar con el "sufrimiento de todos estos años" y "superar el conflicto político".

A pesar de negarse a declarar, Otegi se dirigió al tribunal al inicio del juicio. "Pedirle al señor juez que, para superar el conflicto político, ponga facilidades y termine con la negación y el sufrimiento de todos estos años", dijo el terrorista ante los magistrados, presididos por Fernando García Nicolás, con los últimos comunicados de ETA como telón de fondo.

Por su parte, su compañero de banquillo, el también etarra Óscar Celarain, se limitó a negarse a declarar y a señalar, utilizando el vocabuario habitual de los etarras sometidos a juicio, que no iba a participar en "esta farsa".

La fiscal encargada del caso, Teresa Sandoval, solicitó un total de 20 años y tres meses de cárcel para cada uno de ellos al acusarles de delitos de estragos terroristas, falsificación en documento oficial y utilización ilegítima de vehículo a motor. Ambos han sido condenados en Francia a ocho años de prisión por pertenencia a asociación de malhechores con fines terroristas.

Sandoval sostiene que Otegi y Celarain, integrantes del comando itinerante "Argala", fueron los etarras que cometieron el atentado con coche-bomba perpetrado el 21 de junio de 2002 en la calle Arturo Rubeinstein de Marbella (Málaga). Según las tesis de la representante del Ministerio Público, los etarras utilizaron un coche robado en la localidad francesa de Le Vigan, en el que introdujeron una carga explosiva de entre 40 y 50 kilogramos.

El atentado fue anunciado mediante una llamada telefónica realizada desde Francia al Palacio de Exposiciones de Sevilla 45 minutos antes de la explosión, que tuvo lugar a las 13.00 horas. La explosión afectó a un total de 40 coches y 80 viviendas.

Además de las penas de cárcel, la fiscal solicitó que se imponga a los dos acusados la prohibición volver a Marbella por un periodo de diez años después de cumplir la condena.