La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha solicitado hoy que haya un informe "claro e independiente" para conocer lo sucedido en los últimos días en El Aaiún a raíz del desalojo por la fuerza del campamento saharaui de Gdeim Izik a cargo de policías de Marruecos.
Jiménez ha hecho esta petición al comienzo de su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para dar cuenta de los incidentes en El Aaiún y de la gestión del Gobierno en esta crisis.
"Es necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo ocurrido para hacer un pronunciamiento definitivo, con datos precisos y fehacientes, a través de un informe claro e independiente", ha dicho la ministra.
Jiménez no ha especificado qué organismo internacional debería realizar el informe para que el esclarecimiento de los hechos se haga con independencia.
El Ejecutivo español había reclamado hasta ahora a Marruecos que llevara a cabo una investigación "eficaz, transparente y veraz" para saber lo ocurrido en el campamento saharaui.
La razón esgrimida por el Gobierno para no condenar la actuación de Marruecos, como le han exigido los partidos de la oposición, ha sido la falta de datos para saber con exactitud lo ocurrido y el número de muertos y heridos marroquíes y saharauis.
Por ello, ha insistido en la necesidad de disponer de información "fidedigna" sobre los sucesos.
También ha solicitado a Marruecos una investigación sobre la muerte del ciudadano saharaui con nacionalidad española Baby Hamday Buyema, quien murió atropellado por un vehículo de la policía marroquí cerca del campamento.
En sus primeras palabras, Jiménez ha reiterado la "profunda preocupación" por la violencia que se registró en El Aaiún en el desalojo del pasado día 8 y en las jornadas posteriores.
La titular de Exteriores ha vuelto a pedir a las autoridades de Rabat que se levante el veto a los periodistas españoles y se les permita trabajar en la capital administrativa del Sahara Occidental para informar de esta crisis.
Otro de sus mensajes ha sido la necesidad de mantener la interlocución con Marruecos y la "sólida" relación que España y la UE mantienen con este país.
Según Jiménez, esta alianza se basa en "el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales" que Marruecos también comparte.
La jefa de la diplomacia ha recordado que España, más allá de su vinculación histórica, "no tiene ninguna responsabilidad" sobre el Sahara Occidental desde 1976 cuando abandonó el territorio.
Por tanto, ha reiterado, se trata de una cuestión que compete fundamentalmente a la comunidad internacional, aunque España presta una atención "preferente" a este asunto, y, de hecho, ha asegurado que es el país que más se preocupa de ello y el que "más solidario" se ha mostrado con la ex colonia.
LA OPOSICIÓN RECLAMA UNA CONDENA
Por su parte, la oposición ha reprobado la postura del Gobierno español en el asunto del Sáhara Occidental, con críticas de "tibieza" a su comportamiento e, incluso, de "complicidad" con lo que está ocurriendo, y ha exigido al Ejecutivo que condene el desalojo violento del campamento de El Aaiún por parte de Marruecos.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la ministra, Trinidad Jiménez, ha tenido que escuchar palabras muy duras, especialmente de los grupos de izquierda, que creen que los hechos ocurridos en el Sahara en los últimos once días pueden calificarse de "genocidio" o "matanza".
Todos los partidos han exigido una condena firme y que no se antepongan los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo saharaui,.
También han criticado a Jiménez por defender ahora tesis distintas a las que postulaba cuando el PSOE estaba en la oposición.
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha llegado a avisar de que el Sahara puede convertirse "en el Waterloo del Gobierno español", como Irak lo fue para el PP, si se obceca en mantener su postura y seguir diciendo que España comparte los mismos valores que aquella "monarquía feudal", en alusión al reino alauí.
Llamazares le ha acusado además de practicar un "doble lenguaje" y de hacer caso omiso a las denuncias de violencia.
Gustavo de Arístegui, el portavoz del PP, ha emplazado a la ministra a pedir explicaciones a Rabat por el desmantelamiento del campamento y a que averigüe todo lo sucedido, además de condenar con toda firmeza el bloqueo informativo que está imponiendo en la zona.
"Queremos unas relaciones preferentes con Marruecos", ha dicho, pero no a "cualquier precio", y el PP exigirá que haya un respeto "escrupuloso" de los derechos humanos y las libertades, que están por encima de cualquier otra consideración.
Al hilo de esto, ha señalado que hay que "avergonzarse" de que el vicepresidente primero y responsable del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, haya afirmado que los intereses están por delante de todo.
En nombre de ERC, Joan Tardá, ha calificado de "absolutamente hipócrita" la postura del Ejecutivo español ante unos hechos que, según su punto de vista, ya se pueden empezar a calificar de "genocidio".
Tardá ha interpretado que el Ejecutivo trata de "ir tirando" y diluir su responsabilidad en el marco del concierto internacional, "escondiendo la cabeza de forma vergonzante".
A su juicio, la propia Jiménez antes tenía una posición y ahora otra "diametralmente distinta", en un comportamiento que, ha opinado, debería provocar "un cierto sonrojo" a la ministra.
En una línea similar, el portavoz de ERC, Josu Erkoreka, ha censurado la "pasividad" del Gobierno y su empeño en "no contrariar lo más mínimo a Marruecos, aunque sea a costa de tragar sapos y culebras en la defensa de los derechos humanos", y le ha exigido "condenar con la contundencia debida" la acción marroquí.
El diputado de CC José Luis Perestelo se ha unido a las críticas al Gobierno por su "tibieza" ante "la brutalidad y salvajismo" con que Marruecos actuó en el campamento y ha dicho que ningún interés económico de España "justifica el silencio".
El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha pedido buscar el consenso con los partidos de la oposición en la política hacia el Sáhara Occidental y también la "complicidad" de la UE.
El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha demandado a la ministra que aporte nueva información a los grupos parlamentarios y que Marruecos también colabore en esclarecer lo ocurrido en el campamento.
LA EUROCAMARA APLAZA A PETICION DE MARRUECOS EL VOTO DE UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL SAHARA
En otro orden de cosas, el Parlamento Europeo ha acordado este jueves a petición de Marruecos aplazar hasta diciembre el voto de una resolución para exigir a Rabat explicaciones sobre la crisis en el Sáhara Occidental y el respeto de los Derechos Humanos. El voto estaba inicialmente previsto para la semana que viene, después del debate sobre los incidentes en El Aaiún que se celebrará el próximo miércoles en Estrasburgo.
La decisión de retrasar la resolución ha sido adoptada por la conferencia de presidentes, que reúne a los líderes de todos los grupos políticos, gracias a un pacto entre los socialistas y los populares europeos.
El presidente del grupo popular europeo, el francés Joseph Daul, ha sido quien ha solicitado este aplazamiento alegando que, antes de pronunciarse sobre los acontecimientos del Sáhara Occidental, el Parlamento debe escuchar a Marruecos, que enviará la semana que viene una delegación de alto nivel a Estrasburgo. Su petición ha sido secundada por los socialistas europeos.
La decisión de retrasar el voto de la resolución sobre la crisis en El Aaiún se ha adoptado después de que Daul se reuniera esta semana con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, informaron las fuentes consultadas.
