Torres-Dulce: "No hay pacto con Urdangarin ni trato de favor con la infanta"

Hacienda ratifica que Aizoon facturó servicios vinculados a Urdangarin para defraudar

Camps declarará incomunicado en despacho oficial ante la secretaria judicial

nacional

| 19.11.2013 - 12:33 h
REDACCIÓN
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El fiscal general del Estado , Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que no hay negociaciones para llegar a un pacto con Iñaki Urdangarin para evitar su ingreso en prisión en el caso Nóos y que tampoco existe un trato de favor por parte de la Fiscalía en este procedimiento hacia su esposa, la infanta Cristina.

Eduardo Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados, donde hoy comparece, y ha asegurado que la Fiscalía no contempla ningún pacto con parte alguna de dicho caso, seguido para investigar un supuesto desvío de fondos públicos del Instituto Nóos que presidió Urdangarin.

Respecto a la infanta ha insistido en que la Fiscalía no ha apreciado indicios para que sea imputada, tal como el fiscal del caso ha informado al juez instructor, y ha recalcado que por tanto no hay trato de favor. "Sería trato de desfavor hacer lo contrario", ha apostillado.

La Agencia Tributaria (AEAT) ratifica, en el último informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, Aizoon, facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin" a fin de que los ingresos obtenidos por estas labores pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del Rey.

En un informe de 192 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, Hacienda subraya el hecho de que Aizoon, y no el propio Urdangarin, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba el Duque. Tanto es así que, abunda, ni en el sumario de la causa ni expediente administrativo alguno figuran testimonios de las actividades de consultoría "pretendidamente desarrolladas por Aizoon".

Así, el análisis de la AEAT incide en que el marido de la Infanta Cristina percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.

Más en concreto, se trata de unos ingresos que percibió de mercantiles como Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde que, de acuerdo con los datos obtenidos por la Agencia Tributaria, debían imputarse a la persona física [de Urdangarin] y no a la persona jurídica [Aizoon].

CAMPS DECLARARÁ INCOMUNICADO

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps tendrá que declarar como testigo en el caso Nóos en un despacho oficial de su elección, incomunicado del exterior y en presencia de la secretaria del instructor, José Castro.

El juez ha emitido hoy una providencia en la que, entre otras cosas, establece las condiciones en las que testificará por escrito el exlíder del PP valenciano, aunque aplaza para un pronunciamiento posterior la fijación de la fecha.

Además, Castro ha considerado "pertinentes" las preguntas dirigidas a Camps que le han presentado la Fiscalía Anticorrupción y Manos Limpias y asegura que, a partir de las respuestas del expresidente, se requerirá a las acusaciones para que puedan plantear "repreguntas".

El juez, que tomó declaración en Valencia a otros testigos el pasado fin de semana, no pudo localizar al expresidente autonómico pese a que la policía judicial se personó varias veces en su casa y le llamó por teléfono en numerosas ocasiones, como se atestigua en un informe policial facilitado a las partes.

De hecho, se intentó localizar a Camps el sábado contactando con el policía que realiza para él labores de escolta, pero el político había prescindido ese día de sus servicios.

En cuanto a las condiciones en las que el expresidente valenciano tendrá que declarar cuando "la agenda" del juzgado lo permita, Castro las establece "habida cuenta la falta de regulación normativa" para el desarrollo del derecho a declarar por escrito al que se ha acogido.

Además de la secretaria de su juzgado, el instructor permite la presencia de otra persona, "no profesional del derecho", si Camps no desea escribir personalmente las respuestas y necesita a que alguien lo haga.

Castro señala que la declaración podrá realizarse en un despacho del hoy diputado autonómico en Les Corts Valencianes "o en otro oficial que tenga a su disposición" y el testigo "no podrá comunicarse ni recibir asesoramiento de terceras personas".

Las preguntas se le plantearán una a una, sin que Camps pueda conocerlas hasta que se le formulen, y el testigo habrá de firmar la declaración junto a la secretaria judicial, que deberá velar por que se cumplan todas estas exigencias.