Torres-Dulce jura ante el rey su cargo como nuevo fiscal general del Estado

nacional

| 30.01.2012 - 13:04 h
REDACCIÓN

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Eduardo Torres-Dulce ha jurado hoy ante el rey, y en presencia de la reina, el cargo de fiscal general del Estado en una breve ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, con la que se inicia su primer mandato al frente de este órgano judicial.

Con la mano izquierda sobre la Biblia y la derecha sobre la Constitución, ante un crucifijo, Torres-Dulce ha elegido la fórmula de la jura, en lugar de la promesa, para expresar su fidelidad al cargo.

Al acto, que ha tenido lugar en Salón de Audiencias, han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Dívar, así como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha actuado como notario mayor del Reino al dar fe acompañado por el recién nombrado director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.

"Juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha sido la fórmula leída con voz firme por Torres-Dulce".

El ejemplar de la Carta Magna empleado en la ceremonia, un facsímil del texto original de 1978 editado en 1980 por las Cortes Generales, estaba abierto por el artículo 124, que trata sobre el Ministerio Fiscal, y la Biblia, un ejemplar editado en Valencia en 1791 que fue propiedad de Carlos IV, mostraba las páginas del capítulo XXX del Libro de los Números, en un pasaje referido al voto y el juramento.

El rey ha sido el primero en felicitar a Torres-Dulce, a quien ha estrechado cordialmente la mano, al igual que ha hecho la reina, antes de posar los tres juntos para los medios gráficos en una imagen a la que se han sumado, para una segunda fotografía, Sáenz de Santamaria, Ruiz-Gallardón y Dívar.

A continuación, Torres-Dulce ha tenido ocasión de departir unos minutos con don Juan Carlos -que también ha intercambiado impresiones con la vicepresidenta del Gobierno- y con doña Sofía, quien, tras las fotos de grupo, ha dirigido unas primeras palabras a Ruiz-Gallardón.

El nuevo fiscal general del Estado, que esta misma mañana tomará posesión de su cargo en un acto que se celebrará ante el pleno del Tribunal Supremo, fue nombrado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, una vez emitido el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial y después de que el Congreso de los Diputados considerara su idoneidad para este puesto.

En su comparecencia ante la Cámara Baja del pasado día 25, se comprometió a "hacer aún más visible" la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Público, "frente a los poderes públicos y muy singularmente respecto del Gobierno".

Torres-Dulce, que sustituye en este cargo a Cándido Conde-Pumpido y hasta ahora era fiscal de Sala del Tribunal Supremo, tiene 61 años y ha sido elegido dos veces miembro del Consejo Fiscal, la última el 17 de diciembre de 2009, cuando fue el candidato más votado en representación de la Asociación de Fiscales.

Tras licenciarse en Derecho, ingresó por oposición en la Escuela Judicial en 1975 y optó por emprender la carrera fiscal, con la ejerció en Sevilla, Guadalajara y Madrid.

En noviembre de 1985, fue destinado fiscal en el Tribunal Constitucional, cargo que desempeñó hasta octubre de 1996, cuando fue nombrado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

En febrero de 2000, fue elegido vocal del Consejo Fiscal por la candidatura de la Asociación de Fiscales, a la que pertenece desde 1980 y de cuya junta directiva fue vocal entre 1989 y 1991.

En marzo de aquel mismo año fue designado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y el 7 de junio de 2005, tras una reunión del Consejo Fiscal, Conde-Pumpido decidió relevarle como fiscal jefe de lo Penal del Supremo, aunque mantuvo la categoría de fiscal de Sala.

Este hecho fue criticado por algunos sectores, como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organizaciones que acusaron a Conde-Pumpido de mostrar un "encubierto sectarismo".