Rebajan a 150.000 euros la fianza a Guerrero, ex Director General de Trabajo

nacional

| 20.09.2012 - 14:46 h
REDACCIÓN

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El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha rebajado hoy de 250.000 euros a 150.000 la fianza impuesta a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andlaucía encarcelado por los ERE falsos, aunque su abogado ha dicho que la cantidad sigue siendo "inalcanzable".

Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que el juez sustituto de Mercedes Alaya -que está de baja por enfermedad- ha acordado dicha rebaja de acuerdo con lo pedido por el fiscal y dado que el interesado no ha podido reunir aún los 250.000 euros fijados como fianza el pasado 12 de julio.

Guerrero está encarcelado desde el 9 de marzo y su abogado, Fernando de Pablo, ha dicho a la prensa que la nueva fianza sigue siendo imposible de reunir, por lo que ha criticado esta desigualdad frente a los dos sucesores de Guerrero que quedaron libres sin fianza tras comparecer ante la juez: Juan Márquez y Daniel Rivera, y frente al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Los 150.000 euros están muy alejados de lo que la familia ha conseguido reunir hasta ahora, ha dicho de Pablo, por lo que la libertad no va a ser posible "ni ahora ni dentro de mucho".

Ha afirmado que su cliente confiaba en quedar libre sin fianza "por una cuestión de equidad, justicia e igualdad que no está recibiendo, por lo que se encuentra disgustado".

Guerrero es, junto a su exchófer Juan Francisco Trujillo, el único de los 60 imputados por los ERE falsos que queda en la cárcel, después de que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández quedase libre el pasado 10 de agosto tras depositar 450.000 euros recaudados por sus amigos.

De Pablo ha anunciado que va a estudiar los escritos presentados por el fiscal y las demás partes personadas sobre la libertad de Guerrero para decidir en qué términos recurre y ha destacado que la rebaja de la fianza ha sido acordada por un juez sustituto, del que ignora su grado de conocimiento sobre el sumario.

No obstante, ha reconocido que se trata de lo legalmente establecido, dado que una cuestión de libertad provisional no puede quedar pendiente de resolver hasta que la juez titular se dé de alta.