El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enumerado este jueves todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado que no serán suficientes para frenar la votación del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña: "Claro que votaremos".
Lo ha dicho en el primer acto de la campaña electoral del referéndum que han protagonizado los partidos y las entidades soberanistas en el Tarraco Arena de Tarragona, donde ha reivindicado: en un eventual Estado catalán "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".
Puigdemont ha ironizado también sobre que el Gobierno central haya advertido de que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera --del recinto que no ha podido entrar-- lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".
La Delegación del Gobierno había comunicado antes del inicio del acto a los responsables del Tarraco Arena que acoger el acto de inicio de campaña del referéndum del 1 de octubre era "ilegal".
Para la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, las querellas anunciadas por la fiscalía por el 1-O que "esto evidencia que hay un Estado en decadencia y sin valores democráticos". Lloveras ha asegurado, asimismo, que los alcaldes que están siendo investigados por la fiscalía "ayudaremos al Govern y al Parlament en todo aquello que sea posible" para hacer realidad el referéndum del 1 de octubre", suspendido por el Tribunal Constitucional.
LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LA SINDICATURA ELECTORAL CATALANA
La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagés, por realizar actos de ordenación, regulación e impulso del referéndum del 1-O prohibido por el Tribunal Constitucional.
En el escrito, recogido por Europa Press, presentado este jueves en los juzgados de instrucción de Barcelona, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, les acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación, considerando sus actuaciones "una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional".
La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una Ley previamente suspendida por el Tribunal Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, "careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen".
El Tribunal Constitucional había anunciado ya que procedería penalmente o con multas coercitivas contra los cinco vocales de la Sindicatura electoral nombrada por el Parlamento de Cataluña si no le satisfacía la respuesta que éstos debían darle en un plazo de 48 horas o suspendían su actividad.
PIDE QUE SE PROHÍBA A LOS ALCALDES IMPRIMIR O COLOCAR CARTELES ELECTORALES A FAVOR DEL SÍ
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha presentado una querella contra la alcaldesa de Vilanova i La Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, Neus Lloveras, por entender que es la responsable de la redacción del decreto de Alcaldía firmado por regidores de más de 700 municipios catalanes que se comprometen a facilitar los medios necesarios para la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Solicita la aplicación de medidas cautelares entre las que destacan la prohibición expresa de imprimir o colocar carteles electorales a favor del sí y ceder medios materiales o personales que permitan la celebración del referéndum.
Asimismo, propone el seguimiento de las responsabilidades pecuniarias en las que pudieran incurrir los alcaldes rebeldes y la aplicación de fianzas o embargos en caso de incurrir en ellas. Esta medida tiene esecial relevancia en el día en el que esta previsto el inicio de la campaña del referéndum.
El ministerio público le atribuye presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, un delito castigado con hasta ocho años de prisión y por los que están siendo investigados todos los ediles independentistas por orden de la Fiscalía General del Estado.
Además, la Fiscalía prepara otras querellas contra los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña por realizar actuaciones relacionadas con la organización del referéndum del 1-O pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
EL PSOE, A LO QUE DECIDA LA FISCALÍA
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha afirmado que los socialistas respetarán las decisiones que tomen la Fiscalía y el poder judicial respecto al acto de inicio de campaña del referéndum del 1-O que protagonizan esta noche Puigdemont y Junqueras en Tarragona.
IGLESIAS CARGA CONTRA EL REY Y EL PP QUE LLEVAN A ESPAÑA AL ESTADO DE EXCEPCIÓN
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que, en lo relativo al problema político de Cataluña, el Rey se está mostrando "más cerca del PP" que de los ciudadanos y se teme que los gobernantes "corruptos" acaben provocando un "Estado de excepción" para intentar frenar el referéndum del 1 de octubre. En una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter y recogidos por Europa Press, el líder del partido morado advierte de que "un Jefe del Estado más cerca del PP que de la ciudadanía catalana no augura un futuro fácil para la monarquía".
A su juicio, el hecho de que el Rey, el Gobierno, los partidos "monárquicos" y la Fiscalía se muestren "unidos y coordinados" ante el desafió soberanista catalán "no proyectan su fuerza, sino debilidad y miedo a la democracia". "Defender España requiere aportar soluciones políticas a problemas históricos --sostiene--. La cárcel y la represión enquistarán aún más los problemas".
Pablo Iglesias está convencido de que los gobernantes, no sólo "corruptos", sino "además inútiles y pirómanos", "están llevando a la democracia a un Estado de excepción".
