FAES, la fundación del PP que lidera el expresidente José María Aznar, ha propuesto "pocos impuestos, bajos y sencillos" para poder así volver al crecimiento y el empleo.
Su propuesta de reforma fiscal, que tiene más de 200 folios, ha sido coordinada por Gabriel Elorriaga, diputado del PP y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados; por el catedrático de Economía Aplicada, José Félix Sánz, y por el responsable de Economía y Políticas Públicas de FAES, Miguel Marín.
En el documento se afirma que "cualquier paso que se dé hacia impuestos más reducidos y hacia bases imponibles más amplias es un paso en la buena dirección."
Ante las "deficiencias" detectadas se plantea una "revisión completa" del sistema para hacerlo "más equitativo, más eficiente y menos distorsionador de la actividad económica".
FAES denuncia que algunas decisiones del Gobierno para mantener la recaudación "han concentrado la carga fiscal en las clases medias asalariadas".
Mientras, la estructura fiscal, "injusta e ineficiente", parece "incapaz" de aportar los ingresos necesarios.
CRITICA EL GRAVAMEN QUE RECAE SOBRE LA CREACIÓN DE EMPLEO
Al respecto, Marín ha criticado los "graves desincentivos a la inversión y el tremendo gravamen que recae sobre la creación de empleo", y ha afirmado que la reforma debe estar orientada a "favorecer la creación de bases imponibles, único cauce razonable para alcanzar mejoras de recaudación en el medio plazo".
Para crear un entorno "más atractivo" para el ahorro y la inversión, y para la creación de empleo lo que se defiende es la "reducción de la 'brecha fiscal' entre el coste bruto para el empleador y el salario percibido neto de impuestos y cotizaciones."
FAES también demanda "la reducción de la carga fiscal individual, singularmente la que ahora soportan las clases medias asalariadas; el apoyo a la familia como elemento fundamental de vertebración social, y el reforzamiento de la Administración Tributaria".
Según Marín, la reforma debería centrarse "en la imposición directa sobre la renta personal y el beneficio de las sociedades", por lo que considera necesario "adecuar la carga del IRPF a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes".
Asimismo se debería "completar la dualización en la tributación de las rentas del capital eliminando la progresividad actual, y fomentar distintos instrumentos de ahorro a largo plazo".
Paralelamente, se deberían "descontar las ganancias nominales gravando solo los rendimientos reales; revisar los beneficios fiscales en el IRPF, y reducir el número actual de tramos de la tarifa de este impuesto, así como los tipos marginales de gravamen".
En lucha contra el fraude se propone reforzar los medios en el ámbito del IVA y de la fiscalidad internacional.
Revisar "con prudencia" el catálogo de bienes y servicios que tributan a un tipo de IVA distinto del general, reducir el ámbito de aplicación de los sistemas de estimación de bases y cuotas, tanto en el IRPF como en el IVA, y recortar o "anular" los "importantes" incentivos que se reciben de la financiación ajena y caminar hacia un impuesto global sobre rentas empresariales", son otras de sus medidas.
Igualmente se apuesta por un impuesto sobre las actividades financieras frente al de las transacciones; por la eliminación del que se aplica sobre el patrimonio, porque genera "notables distorsiones, es inequitativo, aporta pocos recursos y no cumple los objetivos redistributivos que persigue".
Del impuesto sobre sociedades se dice que hay que avanzar "con determinación" a la ampliación de bases y a la eliminación de deducciones.
Del de sucesiones se indica que, "por razones de equidad", ha de ser "armonizado en todo el territorio nacional, extendiendo las bases imponibles y aumentando los mínimos exentos".
