Caamaño pide no utilizar el 'caso Faisán' para hacer proyecciones políticas. El Ministro de Justicia ha salido al paso del anuncio del Partido Popular, que estudia la posibilidad de acusar al juez Garzón , que antes instruía el caso, de haber entorpecido la investigación. Dignidad y Justicia pide nuevas diligencias al juez Ruz, que ayer rechazó archivar el caso, que apuntan directamente al Ministerio. Un documento, incluído en el sumario, sostiene que uno de los imputados realizó tres llamadas a la subsecretaria de Interior.
Así, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el chivatazo policial a ETA, ha solicitado la declaración de los usuarios de tres móviles pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa.
El colectivo de víctimas, que ha presentado su petición este martes al juez instructor Pablo Ruz, solicita la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".
Según DyJ, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo de investigación dirigido por Carlos G., pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".
A su juicio, estas relaciones telefónicas "gozan de relevancia e interés suficiente como para que sean tenidas en cuenta a la hora de esclarecer los hechos, puesto que quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se produjeron las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigados como presuntos autores de la delación".
SUPERIOR DE CARLOS G.
De la misma forma, esta parte pide que comparezca un comisario superior al jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, éste "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
EL PP ESTUDIA PEDIR RESPONSABILIDADES A GARZÓN
Por su parte, el Partido Popular está pensando acusar a Garzón de entorpecer la investigación del chivatazo a ETA los cuatro años que fue caso suyo. Según el PP, que ahora el juez Pablo Ruz abra más diligencias es la prueba. El juez estrella en lugar de instruir el Faisán, lo puso a dormir. Garzón se defiende
El juez Baltasar Garzón ha señalado este lunes que en la investigación del caso Faisán "se agotaron todas las diligencias" y que "todo lo que se tuvo que hacer hasta el final de la investigación se hizo". No obstante, ha añadido que cada juez "tiene su criterio y su forma de instruir", y que si el juez que lleva la tramitación en la actualidad ha pedido más diligencias "es su competencia, obligación y responsabilidad".
Garzón ha hecho estas declaraciones antes de recoger el 'Premio a los Valores' que concede la asociación cultural Trobades Paterna, en reconocimiento por su 'valentía y dignidad' en la recuperación de la memoria histórica. Concretamente, ha sido preguntado por los informes periciales sobre el vídeo de vigilancia grabado en el bar Faisán encomendados este lunes por el juez Ruz a la Guardia Civil y que Garzón rechazó por "absolutamente improcedentes" en noviembre de 2009.
Según Garzón, lo que lo ha hecho su sucesor al frente del juzgado, Pablo Ruz, es "cambiar el procedimiento de diligencias previas a sumario, acordar la comparecencia de dos de los imputados y que se haga una prueba pericial del vídeo que ya estaba incorporado y se transcribió y visualizó durante la instrucción en la última parte".
EL PP EMPLAZA A RUBALCABA A "EMPEZAR A DECIR LA VERDAD" SOBRE EL CASO
Asimismo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha emplazado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a "empezar a decir la verdad" en torno al supuesto chivatazo policial a ETA durante la tregua de 2006 a la vista de que el juez Pablo Ruz se ha negado a archivar el sumario en la Audiencia Nacional pese a que lo pedía el fiscal.
Sáenz de Santamaría recordó que el PP lleva más de 30 preguntas en el Congreso sobre este caso al vicepresidente Rubalcaba y, a la vista de que éste siempre se remitía a la decisión judicial, entiende que ha llegado el momento de obtener respuestas. Este miércoles hay planteada otra cuestión para la sesión de control al Gobierno.
A su juicio, el auto del juez Ruz "ha venido a decir que la Fiscalía no tenía razón al pedir el archivo" pues apunta a "actuaciones presuntas" del Ministerio del Interior y exige la realización de nuevas pruebas y la investigación por parte de la Guardia Civil.
"Tomándole la palabra, la Justicia ha hablado y usted, señor Rubalcaba, no puede seguir callado. Mañana tiene que empezar a decir la verdad o al menos a intentarlo", sentenció la portavoz del PP, acusando a Interior de haber estado estos meses tratando de desviar la atención y negando explicaciones.
VICEPRESIDENTE "CONTRA LAS CUERDAS"
El diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, que viene protagonizando buena parte de esas treinta preguntas parlamentarias, ya ha opinado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional ha dejado "contra las cuerdas" al vicepresidente, al que ha acusado de querer dar "carpetazo" a la causa.
"La transformación de las diligencias previas en sumario deja a Rubalcaba contra las cuerdas porque naufraga su estrategia de intentar dar carpetazo al 'chivatazo' y además acentúa su responsabilidad política puesto que, cuando sucedieron los hechos, él era ministro del Interior y la lógica dice que es impensable que los tres imputados se metieran en semejante berenjenal por su cuenta y riesgo sin recibir indicaciones de sus superiores", opinó Gil Lázaro.
CAAMAÑO ADIVIERTE AL PP DE QUE NO UTILE EL CASO
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido al PP con respecto a sus valoraciones sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de reactivar la causa en la que se investiga el 'chivatazo' a ETA que "sería conveniente no utilizar los asuntos judiciales para hacer proyecciones políticas".
Caamaño ha señalado este martes en el Tribunal Supremo, donde ha presentado un refuerzo de personal en el gabinete de la Sala Tercera de este órgano, que el asunto del 'chivatazo' está 'sub iudice' y que por ello no puede pronunciarse sobre las decisiones del instructor, si bien ha recordado que los jueces "actúan con arreglo a derecho, cumplen la ley y adoptan las decisiones que estiman correctas".
Preguntado por este asunto, el ministro de Justicia ha indicado, sin citar en ningún momento al Partido Popular, que todos los ciudadanos, y en especial los representantes públicos, están sujetos a las decisiones judiciales, tal y como establece el artículo 9 de la Constitución Española.
"Pueden criticarlas si así se estima pertinente, pero esa crítica nunca debe mezclarse con valoraciones políticas ni juicios interesados", ha insistido Caamaño.
El juez Ruz ha ordenado seis nuevas diligencias para esclarecer el 'chivatazo' en el bar Faisán de Irán (Guipúzcoa), entre ellas la de preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.
Garzón, que investigaba el 'chivatazo' a ETA hasta que fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazó en noviembre de 2009 por "absolutamente improcedentes" los informes periciales sobre el vídeo de vigilancia grabado en el bar 'Faisán' que su sucesor al frente del juzgado ha encomendado ahora a la Guardia Civil.
