Patronal y sindicatos ya no serán juez y parte en la formación subvencionada

UGT Andalucía

nacional

| 23.08.2014 - 17:42 h
REDACCIÓN

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El Gobierno ha avanzado en la reforma de la formación profesional para el empleo con la aprobación de la convocatoria de subvenciones para 2014, en la que por primera vez las organizaciones empresariales y sindicales no formarán parte del órgano que adjudica las ayudas a las que ellas mismas optan.

La convocatoria, a cuyo borrador ha tenido acceso Efe, supone un importante avance "de facto" hacia el nuevo modelo de formación profesional prometido por el Gobierno -más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia- y que desde hace meses se está negociando con los agentes sociales.

Sobre la base del compromiso alcanzado en La Moncloa el pasado 29 de julio entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para que el nuevo modelo esté operativo desde enero de 2015, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado "la última convocatoria de un escenario de transición", según reza en su preámbulo, que será publicada en el BOE en los próximos días.

El texto supone un avance hacia la libre competencia, ya que se abre en torno a la mitad del presupuesto total, que asciende a cerca de 139 millones de euros, a líneas de formación a las que podrá optar cualquier centro de formación acreditado en las mismas condiciones que las organizaciones empresariales y sindicales.

Asimismo, incluye otras novedades significativas como la limitación del pago anticipado al 50 % del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el cien por cien-, la restricción de la subcontratación también al 50 % y la eliminación de la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas.

Con la reforma laboral de 2012 comenzó la transición hacia el cambio de modelo, ya que se modificó la orden ministerial que regula la concesión de estas subvenciones públicas y se estableció que la composición del órgano colegiado que evalúa las solicitudes se determinaría en cada convocatoria.

No obstante, en las convocatorias de 2012 y 2013 se siguió nombrando a representantes de patronales y sindicatos, y es ahora cuando por primera vez no estarán presentes en el órgano colegiado -que estará formado por cinco funcionarios del SEPE-, con lo que dejarán de ser "juez y parte" en el proceso.

El aumento de la libre competencia supondrá que las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de fondos concedidos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

La reforma laboral de 2012 ya recogía la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de las líneas de formación se abrieran a la libre concurrencia.

Para evitar el inicio de procesos de reintegro en caso de infracciones se elimina el anticipo del cien por cien, de forma que los beneficiarios cobrarán por adelantado sólo la mitad y del resto, el 25 % cuando se certifique la ejecución del curso y el otro 25 % cuando se finalice y se hagan las comprobaciones pertinentes.

A fin de limitar la subcontratación se fija un tope del 50 %, aunque con la posibilidad de hacer excepciones si se acredita su necesidad, salvo en el caso de centros y entidades de formación que no pueden subcontratar en ningún caso.

Como complemento para la lucha contra el fraude la convocatoria recoge que está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos de formación, así como un régimen sancionador que impida volver a trabajar con la administración pública en el ámbito de la formación cuando se incumpla la legalidad.

Además, los requerimientos de solvencia técnica y financiera que se exigían a los centros de formación se extienden a todos los solicitantes, se pide documentación adicional para la comprobación de los requisitos, se elimina la posibilidad de justificar mediante informe auditor y se incrementa el porcentaje de seguimiento y control que realizan los propios beneficiarios del 5 al 10 %.