Agentes de la Guardia Civil han registrado hoy los ayuntamientos madrileños de Valdemoro y Moraleja de Enmedio y ha requerido información en otros diez consistorios de esa región y de la Comunidad Valenciana por orden del juez Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica de corrupción. El magistrado ha puesto en marcha la considerada segunda parte de la operación Púnica, que el pasado octubre acabó con la detención de medio centenar de personas y que ha estado esta vez centrada en recabar información de ayuntamientos.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas y de la investigación, en esta segunda fase se preveía la detención de al menos dos personas, pero su arresto no ha sido posible.
Los agentes han registrado los ayuntamientos de Valdemoro, donde se llevaron a cabo numerosas operaciones inmobiliarias sospechosas vinculadas a la Púnica, y de Moraleja de Enmedio, y también han requerido información a otros diez consistorios. Se trata de los ayuntamientos de Madrid capital, Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas y Coslada, todos ellos en la región madrileña; así como los de Gandia, Elche, Castellón y Dénia, en la Comunidad Valenciana.
En estos casos, los guardias civiles buscaban contratos concretos que los consistorios dieron a empresas relacionadas con esta trama de corrupción municipal y autonómica, una red que se adjudicó contratos públicos de unos 250 millones de euros a lo largo de varios años.
En Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, los investigadores han pedido la documentación que hubiera en los ayuntamientos sobre diversas adjudicaciones a sociedades propiedad del empresario considerado "conseguidor" de contratos de la trama, Alejandro de Pedro.
En Valencia y en Castellón, buscaban sendos contratos con la empresa Madiva, en Gandía otro de 15.000 euros con Eico y en Dénia un cuarto de 34.000 euros con otra de las sociedades de De Pedro.A raíz de la práctica de estas las diligencias, el Ayuntamiento de Castellón ha informado de que el pago del contrato con Madiva Editorial en materia de inserción de publicidad se paralizó y sigue suspendido, y el de Gandia ha defendido la contratación del empresario por su valía en materia de posicionamiento web.
RECABABAN CONTRATOS DE EMPRESAS DE LA TRAMA
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha confirmado a Efe que la UCO ha acudido al consistorio para solicitar información de contratos relacionados con la Púnica, aunque ha precisado que la Justicia investiga "a una empresa, no al Ayuntamiento". En declaraciones a Efe tras la sesión constitutiva de la nueva legislatura en la Asamblea de Madrid, el también diputado autonómico del PP, número 27 de la lista encabezada por Cristina Cifuentes, ha dicho que la documentación entregada a los agentes son "unas facturas de unos contratos, de unos servicios, exclusivamente".
En Majadahonda, el Ayuntamiento ha recalcado que no se ha tratado de un registro, sino de un "requerimiento de documentación" ante el que el Consistorio ha mostrado "su máxima colaboración" y ha entregado la documentación solicitada.
En Collado Villalba, según fuentes municipales, también se han personado hoy miembros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento donde han estado "poco tiempo".
En Coslada, donde gobierna el PP, fuentes del Ayuntamiento han dicho a Efe que "no ha habido un registro", sino que se ha tratado de un requerimiento de documentos "en el Área de Contratación" por parte de dos agentes de la Guardia Civil. "Han pedido un contrato de Cofely y alguno en relación a (el empresario) Alejandro de Pedro", ha dicho la fuente. "El contrato de Cofely se firmó en la legislatura anterior" (gobernaba el alcalde socialista, Ángel Viveros), ha dicho esta fuente, según la cual el Ayuntamiento firmó "un contrato pequeño con Equo sobre implantación de redes sociales". El ex alcalde Viveros, por su parte, han dicho a Efe que el contrato con Cofely, de 2009, 'salió' hace cuatro o cinco meses, cuando salió la primera parte de la Operación Púnica, y cumple todos los requisitos y es totalmente legal".
REGISTRO EN EL EDIFICIO ÉBOLI DE PINTO
Además de la entrada en los consistorios, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado el edificio Éboli de Pinto (Madrid), donde se encuentra la sede de decenas de empresas de uno de los supuestos cabecillas de la trama, David Marjaliza, socio de otro de sus líderes, el exconsejero madrileño Francisco Granados, ambos en prisión.
El edificio Éboli ya se registró en la primera fase de la operación Púnica del pasado octubre y la razón para ordenar otra vez la entrada es que alguno de los imputados o testigos que han declarado en los últimos meses en relación al caso mencionó que aún podía quedar información de interés en ese inmueble, han informado fuentes del caso.
Precisamente, el juez ha citado el próximo día 18 a declarar Marjaliza para que aclare ciertas operaciones de lavado de dinero en Singapur y con obras de arte en Suiza para blanquear fondos.
La Audiencia Nacional le mantiene en prisión porque cree que, de ponerle en libertad, hay un "elevado riesgo" de que se fugue y destruya pruebas en vista de las líneas de investigación abiertas contra él, entre ellas la de sus más de 150 empresas.
La mayor parte de la instrucción del caso Púnica sigue bajo secreto de sumario, ya que aún se están analizando los 43 "terabytes" de información que se confiscaron en los registros de octubre, y el próximo jueves el juez tomará declaración como imputados a Alejandro de Pedro y al alcalde en funciones de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla.
