La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado y consumado este martes la segunda fase de la operación 'Heracles', encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Con actuaciones en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como en Madrid, Segovia y Barcelona, la operación se ha saldado con nueve detenciones, alrededor de medio centenar de imputaciones y una decena de registros domiciliarios.
En la provincia de Sevilla ha trascendido la detención del director del Area de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien ha sido inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras, recordémoslo, fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004 y esta operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación.
EL PAPEL DE RODRIGUEZ CONTRERAS
Según la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número seis comanda la investigación, Rodríguez Contreras era un hombre "de la absoluta confianza" del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, señalado en la investigación a cuenta de su cargo. Como gerente provincial del IFA, según la juez Alaya, el detenido habría tenido "una intervención destacable" en la concesión de determinadas subvenciones y habría protagonizado "significativas arbitrariedades" para conceder estas ayudas "por decisiones influidas de intereses particulares".
Por ejemplo, Rodríguez Contreras habría tomado parte "en el proceso inicial de las ayudas" concedidas a las empresas de corchos de Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
LOS SINDICATOS
También en Sevilla media la detención del exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, quien ya fue imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa.
Florido, según la juez, habría obtenido 221.543,29 euros por las rentas derivadas de su prejubilación en el expediente de regulación de empleo de Hytasal y otros 43.472,18 euros "procedentes del holding Vitalia, derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta, como retribución por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresas".
Las actuaciones en Sevilla han contemplado además el registro de la vivienda que posee en Gines Antonio Manuel Bustamante, presidente del consejo de administración de la sociedad anónima 'Surcolor', cuyo ERE figura en la investigación al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas (Sevilla) y ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Bustamente, ya imputado en las actuaciones, está por cierto citado a declarar ante la juez Mercedes Alaya el próximo 24 de octubre.
DE NUEVO EL RESTAURANTE RIO GRANDE
Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla, así como la vivienda de su dueña, María del Carmen García, y la vivienda en Sevilla capital de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada a cuenta de las ayudas percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L.
Con relación a Sayago, cabe señalar que en Barcelona ha sido registrada la vivienda particular de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, imputado en las actuaciones.
DETENIDO EL SECRETARIO GENERAL DE UGT-CADIZ
En Cádiz ha sido detenido el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera y en la provincia de Córdoba han sido detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, siendo registrado el domicilio del primero de ellos. En Torremolinos (Málaga), ha sido registrada la sede social de la empresa 'Nexprom', que habría abonado 389.277,51 euros al 'testaferro' de la trama Juan Francisco Algarín Lamela
En la provincia de Jaén, además, la Guardia Civil ha requerido a distintas entidades bancarias de la provincia información sobre movimientos de cuentas relacionadas con la trama, aunque no mediarían registros o detenciones. Por la tarde, los efectivos de la UCO habían acabado ya todos los registros domiciliarios a excepción de uno de los correspondientes a Sevilla capital, interviniendo abundante material documental tanto en papel como en soporte informático. Las pretensiones de los investigadores, así, pasaban por comenzar a tomar declaración durante la tarde al primero de los nueve detenidos.
Todo esto ha sucedido, por cierto, la misma mañana que la juez Mercedes Alaya tomaba declaración a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Alvarez, imputada también en la causa.
UGT ANDALUCIA
UGT de Andalucía está prestando asistencia jurídica al secretario provincial de UGT de Cádiz, Salvador Mera, tras haber sido detenido este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, tras lo que el sindicato ha defendido el trabajo y la gestión "adecuada y correcta" de Mera en el sindicato.
Según han detallado a Europa Press tanto el secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel, como el secretario provincial de Organización de UGT de Cádiz, Antonio López, en torno a las 9,30 horas tenían conocimiento de que dos agentes de la UCO se personaban en el despacho de Mera, situado del edificio de sindicatos de la capital gaditana, "y le han pedido que les acompañara con el fin de tomarle declaración y de hacer algunas diligencias.
Ginel ha indicado que en ese momento Mera "se incorporaba a su puesto de trabajo", tras lo que esos dos guardias civiles vestidos de paisano pero que se identificaron como tales le han trasladado a la Comandancia "donde sigue prestando declaración".
El portavoz sindical regional ha indicado que el sindicato ha puesto a disposición de Mera el gabinete jurídico "para saber de qué se le acusa" y ha apuntado que por el momento no se va a tomar decisiones sobre Mera, toda vez que "habrá que tener conocimiento de qué se le acusa".
"Defendemos la gestión de cualquier compañero y en este caso concreto hasta ahora no ha sido acusado de nada", agrega Ginel, quien asegura que el trabajo de Mera "es adecuado y correcto", por lo que espera que esta situación "se solvente en las próximas horas".
El portavoz de UGT-A ha recordado que está personado como acusación popular en el caso de los ERE, y ha asegurado que el sindicato regional está "tranquilo con la dinámica de trabajo", tras lo que deja claro que "nadie se ha personado ni se ha dirigido a la sede de UGT-A".
Salvador Mera fue reelegido el pasado mes de junio como secretario general del sindicato UGT en Cádiz con el respaldo del 59 por ciento de los votos, cargo que ostenta desde noviembre de 2010.
CCOO CRITICA LA REDADA MEDIATICA
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado la "redada mediática sin precedentes" que está provocando el caso de los ERE fraudulentos y, tras mostrar su disposición a colaborar con la justicia, ha confiado en la "honorabilidad de sus miembros" y ha mostrado su "convencimiento" de que no ha habido "ninguna ilegalidad" en la defensa de los trabajadores.
En un comunicado hecho público este martes, día en el que nueve personas han sido detenidas en la segunda fase de la operación 'Heracles', entre ellos varios responsables de CCOO, además de dos exmiembros de Córdoba, el sindicato ha subrayado que desconoce, hasta el momento, el contenido del auto de la juez Alaya.
Así las cosas, manifiestan que no tiene conocimiento de los motivos por los que se ha citado a declarar a cuatro personas del sindicato, "de las que solo una estaba imputada si bien no se le había notificado aún", según inciden.
CCOO ha criticado asimismo "la forma" en la que se ha llevado a cabo el registro de la vivienda de una de las personas citadas a declarar, "cuando ni siquiera se encontraba en ella" y ha subrayado que no ha habido registro policial de ninguna sede sindical.
PSOE-A : "NADIE SE ESPERABA" LA DETENCION DE ENRIQUE RODRIGUEZ
La secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, ha asegurado que su formación afronta con "absoluta calma y respeto a las decisiones judiciales" la segunda fase de la operación 'Heracles' que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En declaraciones a los periodistas, la responsable socialista ha indicado que "aún es pronto" para tener un conocimiento en profundidad de lo que se ha producido y de los delitos que se están imputando, dado que hace "escasamente unas horas" que se ha iniciado la segunda fase de esta operación.
Asimismo, Verónica Pérez se ha mostrado "sorprendida" por la detención de Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y alto funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.
"Nadie se lo esperaba y nosotros tampoco, pero vamos a mantener la calma y cuando tengamos más información podremos hacer otro tipo de valoraciones porque ahora no tenemos la información suficiente", ha concluido.
