MELLET
El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), al tiempo que ha dicho sentirse víctima de una "persecución personal" en los últimos tres años, fruto de una "batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder".
Durante su intervención, en la que no ha aceptado preguntas por parte de los grupos parlamentarios, ha dicho que comparece en la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades políticas y administrativas relacionadas con la concesión de ayudas sociolaborales y tramitación de expedientes de regulación de empleo, "sin haber tenido responsabilidad política ni administrativa en administración alguna".
Mellet, imputado en los cuatro sumarios relacionados con la lonja sevillana y cuyo expediente de regulación de empleo fue el origen que destapó la supuesta trama en relación a las ayudas sociolaborales, ha justificado su decisión de no declarar en la comisión ni de responder preguntas en el hecho de encontrarse inmerso un procedimiento judicial. Si bien, ha asegurado que cuando éste finalice no tendría "ningún problema" en volver a la comisión y declarar.
No obstante, ha apuntado que, aunque no va a contestar preguntas, sí que quiere hacer una serie de declaraciones que pudieran ser "de interés" para la comisión. Así, ha querido dejar claro que "en ningún momento" ha desarrollado actividades de función pública, administrativa o política alguna durante el periodo en que fue gerente de Mercasevilla. "No tuve por tanto ninguna capacidad de decisión o de actuación desde un punto de vista político o administrativo", ha añadido.
Asimismo, ha destacado que a raíz de la grabación "ilegal" que le hicieron en su despacho de una conversación privada con su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, --donde presuntamente habrían pedido a empresarios 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería del mercado central--, se abrió un procedimiento contra él y otras personas, "que no ha sido más que un puente político hacia la asunción de más altas cotas de poder político, a través de los denunciantes interesados".
"Se han obtenido unas altas cotas de poder tras la difusión mediática de los contenidos de la investigación, que han sido utilizados para dañar mi imagen y mi profesionalidad, sin respetar mi presunción de inocencia", ha lamentado Mellet, quien ha afirmado que ha habido una "utilización indebida" de dicha grabación para obtener "rédito electoral".
Tras insistir en que se ha sentido "vilipendiando" y "víctima de un escarnio público" contra su persona, el exgerente de Mercasevilla ha explicado que está intentando, mediante un recurso al Tribunal Constitucional para que el contenido de la grabación no tenga validez, al suponer "una gravísima vulneración de derechos fundamentales sobre mi persona".
En esta punto, Mellet ha manifestado "de forma categórica" que no hubo ninguna irregularidad en la solicitud de subvención para el centro de hostelería, ni tampoco en la tramitación de los ERE de 2003 y 2007. "Estas actuaciones estuvieron controladas por la Consejería de Empleo, con resoluciones dictadas que se mantienen vigentes en el ámbito jurídico, sin haber sido anuladas y que obedecen a una correcta actuación por parte de Mercasevilla", ha añadido.
En relación al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Mellet ha dicho que el primero intervino en la concesión y autorización del ERE de 2003 y su continuación en 2007 y que el segundo intervino en la firma del convenio de colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los empresarios de hostelería.
"Es posible que no siendo quien les habla cargo político o administrativo, no pueda llegar a alcanzar las responsabilidades de otras personas", ha señalado el exgerente de Mercasevilla, quien ha considerado que no es su "misión" entrar a valorar las actuaciones de los altos cargos de la Junta, aunque sí de algún modo, en lo que se refiere a que se hayan suspendido las prestaciones de personas que estaban bajo de dependencia.
INEXISTENCIA DE ANULACION DE LOS ERE, NI DE REINTEGRO
En esta línea, Mellet ha insistido en la "inexistencia" de objeciones a la continuación de los pagos comprometidos por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, dada la "absoluta legalidad" del expediente aprobado en 2003 y también el de 2007, "que pasaron todos los requisitos legales". Fruto de ello, según ha apuntado, es que no se haya llevado a cabo inicio de expediente alguno de anulación de ninguno de estos ERE, ni expediente de reintegro.
Asimismo, ha apuntado que no fue hasta el "desafortunado momento" en que "por el motivo que fuera, personal o político, la cúpula de la Consejería de Empleo decidió aceptar como válida la grabación contra mis derechos constitucionales y ponerla en conocimiento de la Fiscalía, cuando varía la actitud hacia la continuación del ERE de 2003, firmado en 2007".
"Sin ánimo de conjeturar, los pagos comprometidos por Guerrero, se dejaron a abonar para dirigir el foco de atención hacia Mercasevilla", ha afirmado Mellet, quien ha indicado que tanto el ERE de 2003 como el de 2007 tenían como objeto dar cumplimiento a los acuerdos entre la dirección de la empresa y el comité de empresa, "conforme a los criterios marcados por la Junta".
De igual modo, Mellet ha querido dejar claro que "en ningún caso" participó en las reuniones de los trabajadores y las aseguradoras, que no tuvo relación con Guerrero para el compromiso de los pagos respecto a la póliza de 2007, que su trabajo se limitó "exclusivamente" a representar a la empresa de Mercasevilla, que no instó a nadie a incluir a intrusos en los ERE, que no ha tenido ningún compromiso personal ni político con nadie que figure en ninguno de los ERE, y que la posibilidad de influir con las aseguradoras "solo podía atribuirse a quienes gestionaban el sistema construido".
Mellete ha considerado "absolutamente injusto" que los trabajadores incluidos en el ERE de Mercasevilla tengan paralizadas las ayudas y hayan tenido que acudir a los tribunales, algo que ha considerado "una discriminación" que no se ha hecho con otras empresas. Por último, ha dicho esperar que se llegue "hasta las
últimas consecuencias" en el marco de la investigación emprendida y también a la "verdad".
Posteriormente, ha tenido lugar el turno de intervención de los grupos parlamentarios, en el que el PSOE-A, al igual que en las comparecencias de la mañana no ha formulado las preguntas para respetar el derecho a no declarar del interviniente. Si bien, ha hecho a entrega a la Presidencia de la comisión de un listado con la mismas para que se las envíe a Mellet y éste las conteste por escrito.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Alba Doblas le ha preguntado, entre otras cuestiones, si se ha sentido presionado por algún dirigente de la Junta para la obtención de algún tipo de fondo; cuál era su relación exacta con Rivas en el caso de la escuela de Hostelería; si ha tenido reuniones con altos cargos de la Junta; si conoció a Juan Lanzas; o si conocía que se hubieran incluido a intrusos en los ERE.
Finalmente, el diputado del PP-A Rafael Salas ha preguntado si de la conversación grabada se plantea una "dinámica fraudulenta"; si es cierto que antes de solicitar el ERE de Mercasevilla ya se tenía pactada la financiación de la Junta; si es cierto que el ERE de 2003 se hizo a fin de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de la Competencia del año 2002 y reducir plantilla; o si envió un listado a Generali de los trabajadores incluidos en el ERE en el que se incluía a Juan Lanzas.
El presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz para analizar el caso de las irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, Ignacio García, ha destacado este martes "y no precisamente en sentido positivo" el hecho de que los tres primeros comparecientes en la misma se hayan negado a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.
En una rueda de prensa ofrecida a modo de balance tras finalizar la tercera y última comparecencia de este martes, García ha valorado, no obstante, que tanto Ramón Díaz (exdiputado del PSOE-A e imputado como asesor de la Consejería de Empleo) como Antonio Diz-Lois Ruiz (exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo) y Fernando Mellet (exgerente de Mercasevilla), hayan hecho uso al menos de su turno de palabra.
"No se puede decir que no hayan declarado porque todos han hecho uso de la lectura del documento que traían preparado, donde han expresado lo que han considerado oportuno", ha matizado.
García también ha querido recordar que, después de que Díaz solicitase esta mañana no estar presente durante la formulación de las preguntas de los grupos parlamentarios, el organismo que lidera ha acordado, de "forma razonable y acertada", según ha calificado, obligarles a escucharlas, "ya que la comparecencia es un todo" que "incluye también las preguntas y respuestas, no solo lo que el compareciente diga".
"Pensamos que el que ellos estén presentes, aún respetando su derecho a no declarar, es una garantía para ellos mismos porque conocen de primera mano lo que se les iba a preguntar", ha añadido.
En este sentido, el presidente de la comisión de investigación sobre los ERE ha destacado que esta decisión ha posibilitado que el
último de los comparecientes, Fernando Mellet, haya hecho al menos uso de su palabra para ratificar su comparecencia inicial.
A preguntas de los medios de comunicación acerca de la decisión del Grupo Socialista de no hacer las preguntas en la comisión y presentarlas por escrito, García se ha limitado ha responder que "el acuerdo de la comisión es que las comparecencias se basan en la oralidad y se tienen que resolver personalmente", por lo que las preguntas de los socialistas "se incorporarán simplemente como documento anexo al acta de la correspondiente comisión" pero no a la transcripción de la misma porque, según ha argumentado, "ésta es un reflejo fiel de lo que se dice, no de lo que se entrega".
BORBOLLA Y ALVAREZ DECLARARAN EN SEPTIEMBRE
Cuestionado sobre si la comisión de investigación tiene prevista alguna "actuación judicial" contra los dos comparecientes a los que no se ha podido notificar la citación para acudir a esta comisión en el Parlamento andaluz, Angel Rodríguez de la Borbolla y Magdalena Alvarez, García ha rechazado este extremo y ha dicho que está seguro "casi al cien por cien" de que ambos acudirán a declarar a partir del 5 de septiembre, día en que la comisión tiene prevista una reunión para establecer una "segunda tanta de comparecencias" en la que, como mínimo, estarán presentes sendos comparecientes.
"Por lo menos esas dos personas van a tener que comparecer y creo, aunque eso lo decidirá la comisión en su momento, que habrá una segunda tanda de comparecencias en las que se incluirá las de estas dos personas", ha detallado tras insistir en que, por ahora, no cabe ninguna actuación judicial "porque no consta notificación en tiempo y forma". Es decir, que solo si una vez notificada la citación no acuden a declarar, se analizará tomar este tipo de medidas.
Por último, y sobre la posibilidad de que el exdirector general de Trabajo, Francisco Guerrero, se acoja mañana también a su derecho a no declarar, García ha confirmado que "no le consta ninguna notificación" a ese respecto.
