El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.
Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador.
Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
REFORMA INTEGRAL DE LOS ORGANISMOS REGULADORES
El Gobierno ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para que en "breve plazo" presente una reforma integral de los organismos reguladores con el objetivo de "simplificar al máximo su número" y crear una estructura "muy austera".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que el grupo lo integrarán los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La reforma se hará siguiendo tres principios esenciales: austeridad, neutralidad y profesionalidad, y eficacia.
Según la vicepresidenta, durante el Gobierno socialista se ha producido una proliferación de organismos reguladores con competencias que se solapan y que suponen la multiplicación de estructuras, dado que cada organismo cuenta con equipo directivo propio y medios materiales y humanos.
En este sentido, ha recordado que la ley de economía sostenible fijó cuatro organismo reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal.
Posteriormente, ha señalado, se crearon el Comité Nacional del Transporte, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.
En su opinión, es necesario reformar esta estructura cuanto antes para devolver la confianza a los operadores y a los consumidores en sectores clave de la economía.
El Gobierno pretende garantizar la profesionalidad de los integrantes de los organismos, incidiendo en su neutralidad y "verdadera" independencia, de forma que tengan una trayectoria debidamente contrastada sin ningún tipo de incompatibilidad en el sector y estén sometidos al control del Parlamento.
RECORTE DE ESCOLTAS
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes a propuesta del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un plan de "reordenación" de escoltas, que consiste en un recorte de efectivos para adaptar la dotación a la nueva situación tras el anunció del cese definitivo de ETA y a los principios de austeridad en el marco de la actual situación económica.
Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que se trata de un plan de reordenación en el que se evaluará cada caso y recuerdan que España es el país de Europa con mayor número de efectivos dedicados a la protección personal. Fuentes policiales consultadas han informado de que actualmente hay 1.600 personas escoltadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con un coste anual de 160 millones de euros. El número de policías y guardias civiles dedicados a estas funciones de protección es de 2.650.
Europa Press ya adelantó este martes que el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz tenía previsto revisar en las próximas fechas el despliegue de escoltas para "adaptarlo a la nueva situación", si bien no precisaron qué términos, pero las fuentes consultadas avanzaron que en los próximos días habría "novedades" al respecto.
Precisamente, desde el pasado domingo los viceconsejeros del Gobierno vasco dejan de llevar escoltas, según anunció el pasado viernes el lehendakari, Patxi López. De esta forma, a partir de ahora
únicamente llevan guardaespaldas el lehendakari, Patxi López, y los diez consejeros que conforman el Gobierno vasco.
Esta decisión del 'lehendakari' no ha sentado bien al líder del PP vasco, Antonio Basagoiti quien este martes ha hecho públicos sus reparos por el fondo y la forma en la que se ha hecho. Ha dicho no compartir la decisión de retirar la escoltas a los viceconsejeros del Gobierno vasco, no sólo porque "puede parecer precipitada", sino por la forma en que se ha tratado en los medios de comunicación, porque "parece un anuncio publicitario más que de seguridad".
Al menos en el País Vasco como en Navarra, la mayoría de los efectivos dedicados a la protección personal de personas amenazadas pertenecen a empresas de seguridad privada cuyos servicios son sufragados por la Secretaría de Estado de Interior que ahora dirige Ignacio Ulloa. Además el Gobierno vasco también asume parte de esa dotación económica en su comunidad.
No obstante, el grueso de la protección de amenazados por ETA recae sobre las empresas de seguridad de privada que cubren a miembros de la judicatura, la política, alcaldes, concejales, empresarios y algún periodista.
