El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha imputado a la intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, y al exadministrador del auditorio Ernesto Moreno los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad, y les ha dejado en libertad provisional tras prestar declaración.
Schmidt y Moreno, que fueron detenidos ayer, tendrán que comparecer de forma periódica en el juzgado y se les ha retirado el pasaporte, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El titular del citado Juzgado, que instruye aún el caso Emarsa -que investiga el saqueo de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia)-, Vicente Ríos, ha abierto una causa como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión del Palau de Les Arts de Valencia entre los años 2008 y 2009.
"En el auto de incoación de esas diligencias se acordó también el secreto de las actuaciones con el objetivo de asegurar la información necesaria para la investigación", señala el TSJCV.
PARTICIPA LA UDEF CENTRAL
El juez acordó, además, la práctica de varias diligencias que se practicaron ayer con la participación de agentes de la UDEF Central: cuatro registros (en los domicilios de Schmidt y Moreno, en el propio coliseo y en la sede de una sociedad mercantil) y las dos citadas detenciones. Tras las declaraciones de ambos ante el juez, este acordó para ambos libertad provisional, así como levantar el secreto de sumario a la una de la madrugada de hoy.
El registro finalizó a las 3.30 horas, añade el Tribunal, según el cual la causa está abierta por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad "sin perjuicio de que la relación de posibles infracciones penales pueda variar a lo largo de la investigación".
El Gobierno valenciano acordó ayer, tras conocer la noticia del registro policial en presencia de la intendente, apartar temporalmente a esta de sus funciones al frente del Palau de les Arts. Esta mañana, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que la actuación policial en el Palau de les Arts ha sido "innecesaria", "desmesurada" y "desproporcionada", además de perjudicial a la "imagen" de la Comunitat Valenciana.
La investigación se inició tras un informe de la Intervención de la Generalitat de 2013 que concluye que la intendente formalizó contratos que incumplían la ley, al adjudicar sin publicidad ni concurrencia contrataciones a una empresa de la que era consejera, Patrocini de Les Arts, según informó Esquerra Unida.
