Tras cuatro meses de juicio -con interrupciones- y una vez que desde el 14 de febrero han declarado 19 de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política del caso ERE, esta semana llega el turno de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El juicio continúa mañana con el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández -que lleva cinco días declarando- por parte de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, que ya comenzó el miércoles pasado pero prevé necesitar aún toda la sesión del lunes, por lo que, previsiblemente, no será hasta el martes cuando Griñán comience a responder a la Fiscalía.
José Antonio Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos al mantener el llamado "procedimiento específico" por el que, durante una década, la Junta repartió de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía, más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
A diferencia de Manuel Chaves, que solo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no pena de prisión, el Ministerio Público y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) atribuyen a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta alertando de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era "adecuado".
Griñán fue presidente desde el 2009 al 2013 pero antes, desde el año 2004, fue consejero de Economía, departamento del que depende la Intervención y al que se dirigían sus informes -junto a las consejerías de Empleo, que daba las ayudas, y de Innovación, cuya entidad instrumental IFA/IDEA las pagaba con dinero que le enviaba Empleo mediante transferencias de financiación-.
El exinterventor general Manuel Gómez, que se sienta también en el banquillo y afronta las mismas penas que Griñán, le mencionó durante la instrucción especialmente como conocedor de sus alertas a las que hizo "oídos sordos".
Durante el juicio ha suavizado sus palabras aunque ha ratificado que sus informes iban a esos tres consejeros y alertaban de deficiencias, que no ilegalidades, suficientes para que el Gobierno hubiera actuado.
Siendo Griñán consejero, la Intervención emitió en 2005 un informe adicional al de control financiero de las cuentas anuales del IFA de 2003 analizando una veintena de expedientes de ayudas que indicaba que las mismas eran dadas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Una alerta algo mayor a las "deficiencias" y al uso "inadecuado" de las transferencias de financiación de Empleo al IFA/IDEA para que las pagara recogidos en una decena de informes antes y después.
La previsión es que el interrogatorio del fiscal a Griñán comience el martes pero su abogado, José María Mohedano, ha dicho que necesitará casi una sesión completa para preguntar a su cliente, por lo que su declaración podría prolongarse hasta el miércoles.
Los miércoles hay sesiones de mañana y tarde, por lo que, en principio, daría tiempo a que declare también Chaves.
Si no fuera así, éste lo haría el lunes 16, en plena Feria de Abril, cuando están previstas dos sesiones pues queda por declarar un último acusado, el exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez (cambió de abogado poco antes del juicio y pidió declarar el último) antes de empezar con los 150 testigos y la docena de peritos previstos.
