La UE multa a España con 19 millones de euros por manipulación del déficit valenciano

Por la "manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas

Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012

España recurrirá la multa de la UE

Comisión Europea

nacional

| 13.07.2015 - 17:20 h
REDACCIÓN

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La Unión Europea (UE) ha impuesto una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de Valencia, informó el Consejo en un comunicado. La multa se refiere principalmente "a la falta de registro del gasto de salud y al incumplimiento del principio de devengo por la oficina regional", añade la nota.

Es la primera vez que los Veintiocho imponen una multa por manipulación de ese tipo de datos, conforme establece una normativa adoptada en 2011 para reforzar la vigilancia fiscal en la UE. Aunque las negligencias detectadas por la Comisión Europea se habían producido desde 1988, no fue hasta 2011 en que la Comisión Europea tuvo nuevos poderes para poder tratar ese tipo de problemas, por lo que la investigación afectó únicamente al periodo 2011-2012, ya que el falseamiento de los datos cesó en 2012.

Bruselas abrió en julio de 2014 una investigación formal sobre una "posible manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas.

La Comisión Europea dijo entonces que iba a examinar si la información errónea fue publicada de manera "deliberada" o si fue "una grave negligencia" en la declaración de los gastos de la región para ver si esto pudo tener un impacto en los datos oficiales de déficit y deuda "durante varios años".

Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012, después de descubrir facturas sin notificar en Madrid y Valencia, lo que llevó a España a elevar en un 0,4% del PIB su déficit correspondiente a 2011.

Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid "podía ser considerado como un ajuste excepcional", mientras que en el de Valencia, por el contrario, "había razones para preocuparse", explicó en julio de 2014 la Comisión Europea.

El Consejo recordó hoy que, a recomendación de la Comisión Europea, puede decidir la imposición de una multa a un país de la zona euro con el objetivo de reforzar la vigilancia presupuestaria.

El objetivo es disuadir la tergiversación de los datos sobre el déficit y la deuda, sea intencionada o debido a una negligencia grave. El pasado abril la Comisión Europea explicó que el montante de la multa se había rebajado en consideración a la total colaboración de las autoridades españolas y que éstas tomaron medidas como reforzar el escrutinio sobre los datos regionales.

Otros elementos de mitigación que el Ejecutivo europeo tuvo en cuenta fueron que "el impacto material de la mala información ha sido limitado y no tuvo efectos sobre la posición total de las cuentas españolas". La decisión se adoptó formalmente durante del Consejo de ministros europeos de Agricultura.

ESPAÑA RECURRIRÁ LA MULTA DE LA UE

El Gobierno va a recurrir la multa de 18,93 millones de euros que ha impuesto la Unión Europea a España por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Valenciana. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han informado a Efe de la decisión de recurrir la decisión de la UE.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó el pasado mes de mayo que el Gobierno recurriría esta sanción por considerar que "no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE".

El planteamiento del Ejecutivo es que la Comisión Europea aplica de forma retroactiva un reglamento que entró en vigor en diciembre de 2011 y que sanciona unos hechos cometidos con anterioridad a esa fecha, "cuando no eran susceptibles de sanción".

Aunque las negligencias detectadas por la Comisión Europea se habían producido desde 1988, no fue hasta 2011 en que la Comisión Europea tuvo nuevos poderes para poder tratar ese tipo de problemas, por lo que la investigación afectó únicamente al periodo 2011-2012, ya que el falseamiento de los datos cesó en 2012.