La Policía imputa a dos exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la trama Urdangarín

nacional

| 02.12.2011 - 17:26 h
REDACCIÓN

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La policía ha tomado declaración como imputados, en presencia del fiscal Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín. Según han informado fuentes de la investigación, los agentes y el fiscal Pedro Horrach han tomado declaración, entre ayer y hoy, a varias personas como imputadas y testigos en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Nóos.

Las mismas fuentes han indicado que los agentes y el fiscal no seguirán esta tarde con las pesquisas, después de haber acudido esta mañana a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) a solicitar información relacionada con Nóos.

Aparte de los dos exdirectores de CACSA, la policía y el fiscal han tomado declaración al vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, según ha confirmado la propia alcaldesa, Rita Barberá.

Nóos percibió unos 2 millones de euros de Valencia Turismo Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento, y de CACSA, dependiente de la Generalitat Valenciana, por organizar, entre 2004 y 2006, las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos.

Personal de CACSA ha explicado a Efe que agentes de la Policía Nacional se han personado esta mañana en las oficinas de esta empresa pública, que han realizado preguntas a personal técnico y que no se han llevado ninguna documentación.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat también ha confirmado que agentes de la policía judicial han permanecido durante parte de la mañana en las oficinas de la Ciudad de las Artes, dirigidos por el fiscal Horrach, para "hablar con los empleados" de esta empresa pública, sin que se hayan practicado registros ni se haya retirado documentación.

La portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, al ser preguntada hoy por la declaración de los exdirectores de la Ciudad de las Artes José Manuel Aguilar y Jorge Vela, ha explicado que la autoridad judicial "simplemente" ha solicitado información sobre los contratos de la Ciudad de las Artes con el Instituto Nóos, dentro de una fase de diligencias de investigación.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha confirmado ante los periodistas que han sido llamadas a declarar varias personas, entre ellas el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. "Lógicamente, en nuestra posición de colaborar con la Justicia, ha ido a declarar", ha apuntado Barberá, quien ha insistido que el acuerdo con el Instituto Nóos "es totalmente ajustado a la ley" y fue "aprobado por los órganos dirigentes de la Fundación Valencia Convention Bureau". "Se pagó lo convenido en el convenio y ya está", ha añadido la alcaldesa, quien ha asegurado desconocer si Grau había sido llamado a declarar en condición de testigo o de imputado. "Lo único que espero es que se haya hecho todo el procedimiento bien", ha precisado.

El fiscal y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" tejido por Urdangarín y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.

Así define la Fiscalía Anticorrupción en un auto del juez Castro las supuestas irregularidades que se investigan en esta pieza, y abunda en que "la única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro".

El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", cuando sostiene que en realidad sirvió para fines lucrativos.

Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.