Agentes de Información de la Policía Nacional vienen detectando desde hace aproximadamente un año la intención de grupos antisistema radicales de aprovechar la crisis económica para llevar a cabo ataques violentos y organizarse mediante las llamadas acciones directas y la localización de nuevos objetivos.
Según estos trabajos policiales a los que ha tenido acceso Europa Press, hasta ahora los agentes son conscientes de que, por el momento, no se han producido actos de envergadura, pero se trabajaba sobre la posibilidad de que pudieran darse casos en el futuro.
Un ejemplo de las hipótesis con las que trabajaba la Policía es precisamente el ataque fallido en la catedral de la Almudena de Madrid, reivindicado por un grupo anarquista llamado 'Comando Insurreccionalista Mateo Morral'. En su comunicado atribuyéndose la autoría, dicen que querían "dar caña a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados" y llaman a la "guerra sin límites para acabar con este mundo podrido".
Las fuerzas de seguridad tienen un control de las acciones de baja intensidad registradas hasta ahora y señalan a organizaciones como el 'Bloque Libertario Autónomo' o 'Columna de Nihilistas', grupo que también ha reivindicado múltiples "acciones", contra "la autoridad, el capital y por la propagación de la revuelta".
Sus actuaciones han tenido lugar principalmente en Cataluña donde han atacado sucursales bancarias, cadenas de moda, comisarías de policía u oficinas de seguros. Sus integrantes iban armados con martillos, palos de madera, piedras, bombas de sonido entre otros objetos. "La proliferación de disturbios y acciones contra la autoridad y el capital son más necesarias que nunca", dicen en sus reivindicaciones.
BLOQUE NEGRO
Las fuentes consultadas ponen el foco las llamadas acciones directas (también denominadas 'black bloc', bloque negro) en manifestaciones. Recibe ese nombre porque sus autores suelen vestir prendas negras para mostrar cierta uniformidad y taparse los rostros para evitar ser identificados durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La Policía no pierde de vista el ámbito internacional y el estado de estos movimientos en otros países del entorno, especialmente por la influencia que podrían tener entre el movimiento español. En ese sentido, se ha detectado la presencia en España de uno de los referentes del anarquismo italiano, Alfredo María Bonnano, defensor del insurreccionalismo que aboga por este tipo de acciones directas. Algunas de sus obras fueron prohibidas en Italia por incurrir en apología de la violencia.
El concepto del insurreccionalismo se destaca en el comunicado del 'Comando Mateo Morral' --nombre del anarquista que atentó contra el Rey Alfonso XIII el día de su boda--. "Toda su majestuosidad (de la Monarquía) es fruto de la opresión y seremos los oprimidos quienes acabaremos con ella mediante la violencia revolucionaria insurreccional", dicen.
AMBITO INTERNACIONAL
En Italia los grupos anarquistas violentos ya han llevado a cabo acciones considerables como la tentativa de asesinato a un directivo de una empresa nuclear. Esta acción fue reivindicada por el denominado 'Núcleo Olga', llamado así en homenaje a un miembro detenido del grupo antisistema griego 'Conspiración de Células de Fuego', quien llamaba a actuar contra objetivos estatales en toda Europa.
La Policía también ha registrado en España la estancia de Antti Rautiainen, otro referente del anarquismo. De origen finlandés pero afincado en Rusia es fundador del grupo Acción Autónoma.
En España no se han detectado relaciones terroristas con grupos de otros países, aunque se observan vínculos solidarios en materia de presos. Para esta función destaca 'La Cruz Negra Anarquista' (CNA), organización a nivel mundial en la que participan numerosos grupos que abogan por la libertad de lo que ellos consideran presos por su condición de anarquistas.
En España, se han llevado a cabo campañas a favor de la libertad de Tamara Hernández Heras, condenada a ocho años de cárcel por un delito de tentativa de asesinato y tenencia de explosivos. Envió un paquete bomba en 2009 al entonces secretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, Albert Batlle. Otro caso es el de Amadeu Casellas, quien estuvo más de 25 años en prisión desde 1979.
