La Junta de Andalucía no exigió justificantes cuando entregaban las subvenciones para esos supuestos cursos. Según el fiscal, sólo en 2009 y 2010 podría haber 300 millones sin acreditar.
Y ello gracias a las resoluciones del "presidente del Servicio Andaluz de Empleo", cargo que en este periodo ostentaron los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio.
Las conexiones entre el caso de las facturas falsas de UGT y la operación Edu a las que se refiere el fiscal superior son que todas las subvenciones las concedía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta con arreglo a la misma normativa, que ahora están cuestionando los investigadores policiales porque en algunos casos se adjudicaba de forma automática el 75% de la ayuda sin mayores exigencias sobre la justificación. Otra coincidencia es que el foco del fraude se concentra en los años posteriores a 2009.
